Un apunte. La amnistía de 1936

El anuncio de la concesión de la amnistía a los implicados catalanes en el «procés» ha levantado tal polvareda que ni el Apocalipsis, ni las tragedias anunciadas por Nostradamus se podrían comparar al desastre total que sufriría España en cuanto el texto de la amnistía fuese aprobado por las Cortes legítimas y legalizadas por las urnas.

Estos profetas del caos anunciaron que España se «fracturaría» y «se desvertebraría» y que el Estado de Derecho y la Constitución se liquidarían por derribo. La culpa de Sánchez, quien, como el protagonista del Fausto de Goethe, vendió su dignidad política por el pesebre del poder. La verdad es que, mientras se siga explicando el juego de la política mediante el recurso de interesadas caracterizaciones psicológicas, aquí no se va a salvar nadie de ser tildado como «hijo puta», a no ser que la buena educación lo remedie. Y digo «hijo puta», no «hijo de puta», pues las putas nada tienen que ver en este asunto.

En cuanto al Estado de Derecho, me pregunto cuándo perdió la virginidad. Si Montesquieu levantara la cabeza, diría que eso sucedió en el momento preciso en que ciertos jueces del Tribunal Supremo pretendieron defender la unidad de España, sacratísima misión que no les incumbe si se hace caso al artículo 8º de Constitución, que lo reserva para las Fuerzas Armadas de mar, tierra y aire. Por lo que habría que pensar si esos guardias civiles que han declarado que lo más dulce que hay en esta vida es derramar la sangre por la patria no serán, pregunto, los verdaderos garantes del Estado de Derecho, lo que en sí sería una mala noticia. Pues es bien sabido que quienes están dispuestos a morir por España, también, lo están para matar a quien se les oponga.

Como las comparaciones son más que odiosas, en especial para quien sale malparado en ellas, recordaré aquella amnistía del 22 febrero de 1936, concedida por el Gobierno republicano tras el triunfo electoral del Frente Popular. Pues tiene su miga.

La amnistía de 1936 figuraba en el programa electoral del Frente Popular convirtiéndola en los mítines en una necesidad nacional. Su concesión fue aprobada unánimemente por los vocales de la Diputación Permanente de las Cortes. Y sería aplaudida en un mítin en la Monumental de Madrid por una multitud jubilosa de 80.000 personas que escucharían las intervenciones de, entre otros oradores, Companys, Sbert, Alberti, Ibárruri, Álvarez del Vayo, Álvaro de Albornoz, Ortega y Gasset…

Su aplicación se hizo extensiva a miles de presos que apoyaron la revolución de octubre de 1934 y dejó libre de cargos al presidente de la Generalitat de Cataluña, Companys, quien había sido condenado a 30 años de cárcel por haber declarado el «Estat catalá» el 6 de octubre de 1934 y «acusado por rebelión e insubordinación».

En este contexto de «júbilo nacional», la derechista CEDA de Gil Robles se mostró cauta y prudente y en ningún momento montó escenas parecidas a las proporcionadas por las derechas actuales, ni de la boca de sus dirigentes salió un exabrupto. La prensa dijo que «el señor Gil Robles manifestó que los cinco representantes de la CEDA en la Diputación Permanente votarán la amnistía, salvando, naturalmente, sus puntos doctrinales porque entiende que en estos momentos lo que conviene es dar facilidades al Gobierno en la obra de Paz pública que se propone realizar» (“Diario de Navarra”, 22.2.1933). Miguel Maura añadió que la CEDA «había dado un ejemplo de patriotismo, que es, en principio, algo que ansía el país: la paz y la convivencia de todos los españoles» (ídem). “El Socialista”, por el contrario, sugirió que «la CEDA votó por la amnistía no por generosidad, sino por conveniencia».

De hecho, los cedistas «pedían que fuese la última amnistía concedida, para que los delincuentes pierdan las esperanzas en futuras amnistías» (“El Debate”, ídem). Quizás, se trataba de un mensaje críptico anunciando un inmediato golpe de Estado y que por estas fechas ya se estaba fraguando entre los militares. Por lo demás, no tendría sentido pedir a las derechas de hoy que se comporten de forma educada, como hicieron sus taimados homólogos de la CEDA. Mejor que sigan así. Lo contrario sería de mal augurio. Las derechas cuando gritan, mal, pero, cuando callan, peor.

La derecha actual afirma que los deseos de pacificación y de conciliación entre catalanes y españoles que traería la amnistía republicana se quedaron en nada. Es lo mismo que han dicho en 2023. Que la actual amnistía será un fracaso y «uno de los mayores desafueros y más grave atentado contra el Estado de Derecho y la Constitución habidos en España».

¿Sí? Veamos. Nada más concederse esa amnistía de 1936, el estamento militar se reunió en el Ministerio de Guerra para honrar al nuevo ministro de Guerra, el general Masquelet, reconocido republicano azañista. Les recordó que «el Ejército debía servir al régimen, y obedecer al poder civil». Entre quienes lo escucharon se encontraban los generales Godet, Rodríguez del Barrio, López Ochoa, Franco y Virgilio Cabanellas. En nombre de la guarnición militar de Madrid, el general López Ochoa, abundó en la misma idea, que «se encontraban allí para hacer patente la lealtad del Ejército a la República y acatamiento a los poderes constituidos».

Quienes niegan que la amnistía de 1936 tuviera efectos pacificadores entre los españoles, olvidan un detalle: que quienes lo impidieron no fueron los que la concedieron, sino los generales presentes en aquel acto que no tardaron en manifestarse como militares perjuros y golpistas contra la República y la Constitución.

Si este golpe no fue el mayor quebranto del Estado de Derecho de España en el siglo XX, será porque hablamos de otro Estado de Derecho y de otra Constitución. Y, si esta amnistía no tiene los efectos en él depositados por quienes la han concedido, no será por culpa de ellos, sino por quienes aún siguen teniendo mentalidad golpista para acceder al poder cuando las urnas se lo niegan y harán lo posible por joder la marrana.