Permisividad policial y desinformación arman a la ultraderecha irlandesa

Los incidentes que se produjeron en la noche del 23 de noviembre en Dublín son un reflejo de las carencias que la sociedad irlandesa ha experimentado en los últimos años, acrecentados en los últimos meses por la falta de inversión pública en programas sociales, la desinformación desaforada en las redes sociales y la impunidad con la que se ha permitido actuar a grupos de ultraderecha.

No nos equivoquemos al relacionar los incidentes de la noche del 23 de noviembre con los apuñalamientos que ocurrieron horas antes y que dejaron heridos a tres niños de entre 5 y 6 años de edad y a una de sus cuidadoras, además del asaltante. Los grupos de ultraderecha utilizaron un acto atroz para justificar la caza de «negros, extranjeros y gitanos» -como se recogió en notas de voz que circularon por Telegram y WhatsApp y se han publicado en otras redes sociales- cuando aún no existía confirmación oficial de quién era el atacante. Pero esas mismas redes sociales y, particularmente, una publicación de extrema derecha, filtraron que se trataba de un ciudadano irlandés de origen argelino que lleva más de 20 años en Irlanda y con problemas de salud mental.

Los grupos de extrema derecha utilizaron el origen del atacante para alimentar su habitual discurso de odio contra los inmigrantes. Lo que se obvió en sus comunicaciones fue que precisamente un inmigrante brasileño, Caio Benicio, desarmó al atacante.

La llamada a la violencia de la ultraderecha irlandesa se ha alimentado del descontento social causado por las políticas económicas liberales del gobierno conservador irlandés, incendiado por las informaciones falsas distribuidas en redes, y la impunidad con la que se ha permitido actuar a estos grupos en los últimos meses.

Como lo expresó un miembro de la Policía, «desde TikTok se extiende una señal de humo a todos los matones de la ciudad de que en Dublín se permitía todo».

Mark Malone, investigador del Colectivo Esperanza y Coraje (antes conocido como el Observatorio de la Ultra-Derecha) presentó ante el comité parlamentario de Infancia, Igualdad, Discapacidades, Integración y Juventud un informe en febrero de este año en el que se constataba que un pequeño número de cuentas en las redes sociales eran las responsables de la diseminación de contenidos de odio en Irlanda.

Como ejemplo, entre mediados de diciembre de 2022 y mediados de enero de 2023, siete cuentas fueron el origen de la mayoría de los vídeos con contenido antiinmigrante y antirrefugiados, los cuales recibieron más de un millón de visualizaciones.

PERO NO NOS ENGAÑEMOS

con las acciones de las poco más de 200 personas que causaron el caos en el centro de Dublín. El asalto a tiendas de ropa y calzado deportivo, o a newsagents para robar cajas registradoras y paquetes de tabaco, solo se puede explicar considerando que esta fue una acción más oportunista que ideológica, o, por otra parte, una muestra del talante de aquellos que apoyan a la ultraderecha.

Estos partidos de extrema derecha se enarbolan como patriotas protectores de la población irlandesa, pero sus acciones significaron la paralización del transporte público de Dublín en la tarde del jueves, lo que obligó a los ciudadanos a tener que andar durante horas para llegar a casa. Una de las maternidades principales de la ciudad, Rotunda Hospital, se vio obligada a limitar el acceso y servicios. A esto cabe añadir que los ataques al cordón policial que custodiaba la zona donde había tenido lugar el apuñalamiento ponían en peligro la investigación forense… Las acciones de los grupos fascistas hablan por sí solas.

REFERENCIA DE LA ULTRADERECHA

Y hablamos de grupos porque, aunque estos se combinan en sus acciones, no dudan en atacarse los unos a los otros en su deseo de proclamarse la referencia de la ultraderecha. En sus filas se agrupan racistas, eurófobos, homófobos, tránsfobos, antivacunas, machistas, antimascarillas, antisemitas, QAnon… En resumen, espacios para aquellos que creen que en la desigualdad, la insolidaridad, la violencia, el odio y las teorías de la conspiración se encuentra la respuesta a problemas sociales complejos.

En su patriotismo, los grupos ultraderechistas irlandeses han encontrado una alianza con organizaciones de extrema derecha en Inglaterra, a pesar del carácter antiirlandés de estas, y cuentan en sus filas con irlandeses que han servido en el Ejército británico, como Rowan Croft.

Importado desde Estados Unidos, Comhaltas na nGaedheal (CnG) se presenta como un grupo de hombres blancos, a los que les gusta el deporte y particularmente el MMA. Ahora bien, ellos mismos se describen como la «clase luchadora de nuestra raza» que propone castigar a los emigrantes.

Con graves problemas internos, y sin ninguna representación electoral local o nacional, coexisten tres partidos de ultraderecha en Irlanda, El Partido Nacional, fundado en 2016 cuyos líderes -ahora enfrentados- Justin Barrett y James Reynolds, provienen de los grupos antiaborto, presume de seguir el ejemplo del partido fascista irlandés Ailtirí na hAiséirghe, fundado en 1940.

El partido Irish Freedom Party, fundado en 2018, concurrió a las elecciones generales de 2020, donde presentó 11 candidatos siendo la suma de todos sus votos 5.495, muy lejos de optar a ningún escaño. De cara a las elecciones municipales y europeas el partido asegura que va a presentar numerosos candidatos a nivel municipal e incluso tres candidatos a las elecciones europeas.

Ireland First es otro partido de extrema derecha que asegura va a presentarse a las elecciones, su líder Derek Blighe es un antiguo miembro del National Party.

A ello se unen candidatos independientes de ideología de extrema derecha cuyo éxito dependerá de su arraigo a nivel local. Un ejemplo es Gavin Pepper, un taxista que ya se postula como candidato a las elecciones locales de 2024. La de Pepper fue una de las cuentas más activas en las redes durante el jueves. Anteriormente, participó en una protesta en el Parlamento irlandés en la que se amenazó de muerte a diputados y durante la cual se exhibió un cadalso con las fotos de los líderes de los partidos políticos irlandeses.

Esta protesta, que acabó con enfrentamientos entre la Policía y antifascistas, fue la culminación de meses de acoso a migrantes y al colectivo LGTBQI+, de cortes de tráfico, así como manifestaciones violentas ante hoteles y centros de acogida para refugiados tanto de Ucrania como de otros países. En la localidad de Inch, en el oeste de Irlanda, hasta se permitieron erigir un control en las inmediaciones de uno de los centros de acogida.

Estas acciones se producían tras ataques incendiarios contra hoteles o locales que el Gobierno había contratado como acomodación de urgencia para refugiados.

El pasado 12 de mayo se produjo un ataque incendiario contra un campamento de refugiados en el centro de Dublín. El campo había albergado a solicitantes de asilo obligados a residir en las calles por falta de alojamiento.

ACCIONES CRIMINALES

Estos autodenominados «patriotas» irlandeses aseguran que su principal objetivo es defender los derechos de los irlandeses en contraposición a los migrantes. Sin embargo, son selectivos a la hora de que irlandeses se «benefician» de su protección.

Durante la primavera y el verano, los mismos manifestantes (porque sí, son siempre los mismos) han recorrido Irlanda cerrando bibliotecas públicas y amenazando y atacando a sus trabajadores. La razón, su oposición a la presencia de libros que promueven una sociedad inclusiva e igualitaria, reflejan la diversidad familiar o la diversidad de identidad de género.

Muchas de estas acciones son ilegales, y en algunos casos incluso criminales, ya que incluyen asaltos, intimidaciones y amenazas, y sin embargo han ocurrido con total impunidad, ya que el máximo responsable de la Policía irlandesa, Drew Harris (cuya experiencia como cargo policial se inició en la infame Policía norirlandesa RUC) ha optado por la política de observar y no intervenir.

Los incidentes del jueves, junto con la inseguridad ciudadana en el centro de Dublín durante los últimos meses, le han puesto en la picota junto a la ministra de justicia, Helen McEntee, a los que todos los partidos de la oposición, y algún diputado de la coalición en el Gobierno, han retirado su voto de confianza.