Los presupuestos del regalo de Lakua a Iberdrola

El proyecto de presupuestos de la CAV para 2024 recoge una partida de 26 millones de euros para la construcción de una piscifactoría en los terrenos en los que se quiso construir la central nuclear de Lemoiz. De ellos, 2,5 millones son para reparar el dique y 12,4 millones para la demolición de las instalaciones que el futuro proyecto no utilizará, unos trabajos que debería haber hecho Iberdrola antes de devolver los terrenos al Estado.

Fue precisamente la hábil gestión del PNV la que exoneró a Iberdrola de esa obligación. Primero, en 2017, Arantxa Tapia anunció la existencia de unos inversores con un proyecto de piscifactoría que se iba a levantar en esos terrenos. El proyecto nunca pasó de ser una idea. No obstante, en 2019, y en plena precampaña electoral, el Gobierno español cedió esos terrenos al Gobierno de Lakua. Aitor Esteban se atribuyó el mérito de haber conseguido el traspaso, olvidando añadir que los recuperaba sin que Iberdrola hubiera cumplido con sus obligaciones. La cesión, por supuesto, eximía a la eléctrica de cualquier deber presente o futuro. Tan importante le pareció el logro al PNV que incluso Andoni Ortuzar, fiel a su estilo, dijo que eran los únicos en «sacar cosas de debajo de las piedras» en Madrid. Pues bien, los presupuestos del año que viene recogen lo que la ciudadanía vasca tendrá que pagar por esa cesión y por los trabajos que Iberdrola no hizo y las autoridades no le exigieron: 15 millones. Es altamente probable que el proyecto acuícola siga siendo el comodín que viste la partida, y está por ver que el resto del dinero, el que debería dedicarse a la inversión propiamente dicha, llegue a gastarse.

En un país decente en el que las élites dirigentes rindieran cuentas de sus actuaciones, esta operación claramente dañina para el bien público sería un escándalo que habría provocado dimisiones en el Ejecutivo de Lakua y en la dirección de la eléctrica por el coste reputacional. En este país, sin embargo, no pasa nada. La avaricia corporativa llevó a Iberdrola incluso a recurrir el gravamen temporal a las energéticas, a pesar de tener beneficios récord. ¿Es este el modelo de colaboración público-privada que este país necesita?