La juez archiva el «caso Davalor» porque expiró el plazo para solicitar la prórroga

La juez considera que se ha agotado el plazo de doce meses previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para solicitar la prórroga de la investigación judicial del «caso Davalor» por ayudas irregulares concedidas por Sodena, que provocaron pérdidas de 2,6 millones de euros y la dimisión del consejero Manu Ayerdi.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Iruñea decretó el fin de la investigación del llamado «caso Davalor» y, por lo tanto, procederá a archivar la causa. El caso hace referencia a las ayudas irregulares concedidas por Sodena a la empresa del mismo nombre. Las ayudas se concedieron sin los informes preceptivos y con una férrea defensa de la empresa por parte del entonces consejero Manu Ayerdi, que calificaba esta inversión como estratégica para Nafarroa. Finalmente, la empresa quebró y el Gobierno navarro perdió 2,6 millones de euros de ayudas concedidas.

En la resolución, que puede ser recurrida, la juez considera que el 21 de enero de 2022 transcurrió el plazo de doce meses previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para solicitar la prórroga de la investigación judicial.

El Tribunal Supremo acordó la incoación de las diligencias el 21 de enero de 2021, provocando la dimisión del entonces consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno navarro, Manu Ayerdi, y el Juzgado de Instrucción número 2 de Iruñea, que recibió la causa el 9 de marzo de ese año, dictó la prórroga de la investigación el 18 de febrero de 2022.

La juez, que estima el recurso interpuesto por los investigados, considera que el día en que comenzó a correr el plazo de los doce meses previstos en la ley fue el 21 de enero, puesto que el procedimiento abierto por el Supremo es el mismo que el que luego se siguió en Iruñea.

«No se trata por tanto de un procedimiento distinto, acumulado al anterior, ni de una pieza separada, sino de la sucesión de aquel, lo que, como se ha indicado, es esencial para determinar el día en que se inicia la investigación judicial, el día en que comienza a correr el plazo de los doce meses, sin que el hecho de que el Tribunal Supremo, por haber perdido el querellado la condición de aforado quedara sin competencia suponga que al auto dictado por el mismo, el 21 de enero, no lleva aparejado tal efecto, puesta tal pérdida de competencia del primero y la asunción de la misma por el segundo de tal competencia lo que se resuelve en todas las inhibiciones y para tales casos, como he referido, es unánime el criterio jurisprudencial que señalan que el ‘dies a quo’ vendrá determinado por la fecha en que se dicta el auto que incoa el procedimiento el primero de los juzgados», expone la juez en la resolución que se hizo pública ayer.

De forma paralela, el Parlamento navarro formó una comisión de investigación. El intento de UPN de limitar el objeto de la misma a lo sucedido en Davalor fue modificado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu/Orain Bai e I-E para analizar también la gestión de Sodena durante los Gobiernos de UPN, especialmente en la venta de acciones de Iberdrola que tenía el Ejecutivo navarro.

Asimismo, el pasado mes de octubre, Jaime Ignacio del Burgo, expresidente de la Diputación Foral de Nafarroa, presentó una denuncia en la Fiscalía para que se investigase la conexión de Davalor con el Gobierno de Lakua, especialmente con la consejera Arantxa Tapia.

UPN ESTUDIA RECURRIR

UPN anunció que está estudiando recurrir el archivo de la causa, ya que considera «inadmisible que un caso de corrupción pueda quedar impune por un error judicial», según destacó el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin. El PP también anunció un recurso.

Geroa Bai, por su parte, mostró su «satisfacción» por el archivo del caso y celebró que «se ponga fin a un caso basado en acusaciones infundadas».

«Nunca ha existido causa, tal y como la Cámara de Comptos concluyó en su informe», destacó y acusó a la derecha navarra de «utilización torticera de la justicia y de este caso por un mero interés político».