Protestan ante la sede de Jauregizar contra las amenazas de desahucio

Dieciocho familias de Errenteria acusan a Jauregizar de bloquear el acuerdo entre el Gobierno de Lakua y el Ayuntamiento de esa localidad guipuzcoana que permitiría renovar por diez años los contratos de alquiler de las VPO en las que residen.

Integrantes del colectivo formado por 18 familias de Errenteria en riesgo de desahucio se concentraron ayer por la mañana ante las oficinas que la inmobiliaria Jauregizar tiene en el barrio donostiarra de Morlans para exigir la renovación de sus contratos de alquiler en VPO. Ediles de EH Bildu, PSE y Podemos se acercaron para mostrarles su respaldo.

Según indicó Stop Desahucios, estas personas «llevan más de año y medio sin contrato, con el riesgo de que el arrendador pueda interponer una demanda de desahucio por finalización» del mismo.

El pasado 18 de noviembre comparecieron ante la delegación de Vivienda de Lakua, en la calle Miramar de la capital donostiarra, para denunciar la actitud de esta empresa de «bloquear la negociación existente entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Errenteria» para impedir la prórroga «al considerar insuficiente la oferta de garantizarle el 4% de beneficio por cada uno de los contratos renovados por diez años».

Stop Desahucios ya anunció entonces que no dudaría en acudir a las oficinas de Jauregizar para poner en evidencia el «fin especulativo» de sus actuaciones. La oferta de las instituciones, indicó este colectivo, consiste en una ayuda del Ejecutivo autonómico de 12.000 euros por piso, contemplada en la Orden 6319 de 7/12/2021 de la Consejería de Vivienda, que posteriormente sería complementada por el Consistorio de Errenteria.

Hace un mes apuntaron que estas familias «no pueden acceder al alquiler privado porque el precio medio en Errenteria, que es un municipio tensionado por los abusivos precios del alquiler, ronda los 1.000 euros y tampoco pueden optar a un préstamo hipotecario».

QUINCE AÑOS DE CONTRATO

Jauregizar firmó en 2007 el convenio con el Gobierno de Lakua, que «le concedió una subvención a fondo perdido del 10% del importe de la construcción de las viviendas», señaló Stop Desahucios.

Durante los 15 años de duración de los contratos la empresa ha ingresado las rentas de las familias que residían en las viviendas, que procedían de las listas de Etxebide.

Según relató ante los medios María Angeles Pedrosa, una de las afectadas, los vecinos pagaban el IBI y los gastos de comunidad, pero, una vez transcurridos los quince años, la empresa se negó a recibir el pago de los alquileres, que les eran devueltos.

Del total de viviendas, dieciséis fueron vendidas a precios de VPO «por más de 150.000 euros» a los vecinos que pudieron acceder a un préstamo.