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Un año después del asalto de Brasilia hay 30 condenados y muchos interrogantes

Un año después del asalto de Brasilia, las causas judiciales avanzan. Hay 1.413 denunciados, 66 presos, 30 condenados y entre las muchas incógnitas, el papel de Jair Bolsonaro.

Seguidores de Bolsonaro toman la sede del Congreso Nacional, en Brasilia. (Sergio LIMA | AFP)

Las causas judiciales avanzan rápido en la Corte Suprema un año después del asalto de la extrema derecha bolsonarista a los tres poderes de Brasil. Hay 66 presos, 30 condenados y muchas incógnitas, entre ellas, la más importante, el papel del expresidente Jair Bolsonaro en aquel intento de golpe de Estado para derrocar al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente encabezará hoy un gran acto institucional de «reafirmación de la democracia».

La tentativa de golpe está siendo castigada con firmeza por el Supremo, aunque por ahora ningún alto cargo de la época está en prisión.

El 8 de enero de 2023, miles de bolsonaristas invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo en un intento de provocar una intervención militar, y el 9 fueron detenidas 2.170 personas.

La gran mayoría fueron puestos en libertad a partir de febrero y hoy solo quedan 66 personas entre rejas: 8 condenados, 33 imputados como «ejecutores» y 25, por sospechas de financiar o incitar el golpe.

PRIMERA SENTENCIA

El Supremo dictó la primera sentencia el 14 de septiembre contra un antiguo funcionario de la compañía de aguas de São Paulo, que recibió 17 años de prisión por cinco delitos, entre ellos abolición violenta del Estado democrático de derecho y tentativa de golpe. Desde entonces, ha condenado a 30 personas, con penas de entre 3 y 17 años de cárcel.

En la Justicia Militar, hay tres procesos abiertos. En uno de ellos se condenó a un coronel de la reserva del Ejército a 1 mes y 18 días de reclusión por injurias.

La Fiscalía ha denunciado formalmente a 1.413 personas, entre incitadores, ejecutores, agentes públicos y un financiador. Pero el Supremo suspendió en agosto la tramitación de más de 1.000 querellas y ofreció la posibilidad de cerrar acuerdos de colaboración con los imputados. En diciembre validó los primeros 38 acuerdos.

Los juicios contra los bolsonaristas que causaron el caos en Brasilia han avanzado con celeridad, pero la Policía continúa investigando quiénes lo planearon y financiaron. Para ello puso en marcha la Operación Lesa Patria, a partir de la cual ha realizado 367 registros.

Hay dos figuras clave: Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro y en cuya casa fue encontrado un borrador de decreto para anular la victoria electoral de Lula; y el teniente-coronel Mauro Cid, antiguo edecán del exmandatario.

Ambos estuvieron un tiempo en la cárcel, pero hoy están en libertad. Bolsonaro consta como investigado. El posible papel del líder ultraderechista, que estaba en EEUU aquel 8 de enero, es una incógnita.

El bolsonarismo, en paralelo, se articula en el Congreso para sacar adelante una amnistía que beneficie a los implicados.