LAB denuncia adjudicaciones «a dedo» por 8 millones en Osakidetza

LAB ha detectado el fraccionamiento irregular de contratos de obras y servicios en Osakidetza para evitar el concurso público y adjudicar esos proyectos «a empresas amigas». El sindicato ha descubierto 381 contratos menores en 2022 por valor de algo más de 8 millones de euros. Anuncia que informará del procedimiento fuera de la legalidad al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

LAB compareció ayer en rueda de prensa en Bilbo para dar cuenta de irregularidades en adjudicaciones de obras en Osakidetza por valor de 8 millones de euros. «El procedimiento de adjudicación directa de las obras es ingeniería política», subrayó la coordinadora general, Garbiñe Aranburu, que incidió en que «no se trata de errores en la gestión, sino de decisiones políticas».

Jesús Oñate, delegado en Osakidetza, indicó que la investigación desarrollada se suma a otras efectuadas en los resultados de la OPE de 2018, prácticas fraudulentas de contratación en 2019 y licitaciones en 2022 y 2023, que han logrado paralizar la externalización de servicios por 160 millones.

En este análisis se detectan un total de 381 contratos menores en 2022 por valor de 8.054.211,99 euros que fueron fraccionados de una u otra manera para poderse contratar sin ningún tipo de publicidad y adjudicándose «a dedo». Esa información va a ser denunciada ante el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y también se transmitirá a la Dirección General de Osakidetza en la reunión que van a mantener el jueves.

Destacan, especialmente, los casos de la OSI Araba y la de Cruces, con 60 y 135 contratos, respectivamente, incluyéndose en el caso del centro vizcaino cuatro de diciembre de 2021 asignados a dedo por valor de 500.000 euros.

Este tipo de contrato está pensado para dar agilidad a la contratación cuando se trata de cuantías menores. La tentación es grande, porque el procedimiento es rápido, sencillo, sin publicidad y a dedo. «Pueden entregar directamente el contrato a la empresa que quieren y se evita la competencia entre empresas, encareciendo los contratos», explicó.

La trampa viene muchas veces por el fraccionamiento. Tienen, por ejemplo, una obra cuyo valor estimado es 70.000 euros y hacen dos contratos menores de 35.000 cuando deberían sacar un concurso de obras cumpliendo todos los requisitos de publicidad exigidos. Esto está expresamente prohibido por el artículo 99.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

«SOSPECHA DE CORRUPCIÓN»

«Desde el punto de vista económico se evita la competencia entre empresas, con la pérdida que esto supone para los y las contribuyentes vascas, y pone de manifiesto cuál es el modelo de gestión de determinados directivos y responsables de Osakidetza. La falta de transparencia, además, deja a Osakidetza bajo la sospecha de corrupción», manifestó Oñate.

Según establece la ley, no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

Las variantes de fraccionamiento pasan por trocear la obra y dársela en X contratos a la misma empresa, adjudicar a dos que tienen el mismo dueño, dividir y adjudicar a firmas distintas, contratar con la misma compañía, pero desde organizaciones distintas (organización central y una OSI), hacer un contrato de obra por importe menor de 40.000 euros y otro de suministro por valor de menos de 15.000.

Otra manera sutil, pero igualmente ilegal, de fraccionar un contrato es la de separar por gremios, ya sea tabiquería, instalación eléctrica o climatización, por citar algunos de los casos descubiertos.

LAB subraya que no hay motivos económicos, organizativos o técnicos que justifiquen la necesidad del fraccionamiento. «La única razón es que algunas empresas se beneficien y premien. Además, esta forma de hacer, que supone eludir el control público, es opaca, evita las condiciones de publicidad necesarias a la hora de adjudicar este tipo de trabajos. Eso es muy grave. Es grave -remarcó Aranburu- porque tiene un objetivo claro».

Criticó que el modelo «neoliberal y clientelar del PNV busca debilitar el sistema sanitario público y fortalecer el privado». «No se invierte lo suficiente, se está desmantelando, las dificultades para conseguir cita en Atención Primaria son evidentes, hay largas listas de espera para intervenciones o para ser atendido por especialistas...», enumeró.

Además, denunció que Osakidetza está externalizando tareas que pueden realizar sus trabajadores. En el caso de las irregularidades detectadas, no duda de que se trata de «premiar a las empresas del entorno del partido».

Aranburu aseguró que «quien está dañando el prestigio, la imagen y el servicio del sistema público de salud es el Gobierno del PNV. El PNV es un buen gestor y vigilante cuando se trata de proteger los negocios privados, pero no cuando se trata de defender unos servicios públicos fuertes».