Arranca el primer juicio por la campaña contra el gasto militar

El primer juicio contra una de las activistas que realizaron una acción por la campaña de objeción fiscal en 2022 comenzó ayer en Bilbo. Se enfrenta a una posible multa de 700 euros, mientras otros tres manifestantes están pendientes de fecha para su vista.

El primer juicio contra una de las cuatro activistas de la Plataforma #EragozpenFiskala encausadas por una «acción directa no violenta» que se realizó el 2 de abril de 2022 con motivo de la presentación de la campaña de objeción fiscal al gasto militar tuvo lugar ayer. Se enfrenta a una posible multa de 700 euros. Las otras tres activistas participantes en la misma acción están pendientes de que se fije fecha para sus juicios y en total se enfrentan a una posible multa de 2.800 euros.

Las cuatro activistas llevaron a cabo esta acción para denunciar el desmesurado gasto para financiar la guerra, 43.000 millones de euros en el año 2021. En el plazo desde la realización de la acción hasta la actualidad, «el aumento de la dinámica belicista y el incremento del gasto militar ha sido brutal, alcanzando los 48.800 millones de euros en 2023, una cantidad que se acerca al 4% del PIB», según denunció el Grupo Antimilitarista de Bilbo, KEM-MOC. Advirtieron que se ha conocido que el Estado español ha vuelto «al triste top-ten de mayores exportadores de armas del mundo y que forma parte de los 20 países con mayor fortaleza militar del mundo».

En el transcurso de la acción, las cuatro activistas se encaramaron a los muros del cuartel militar de Juan de Garay y desplegaron dos pancartas en las que se podía leer «Gasto militarra 43.000 milioi €» y «#EragozpenFiskala #ObjecionFiscal», en la que se mostraba un gráfico con la equivalencia entre el coste de un tanque Leopard y seis colegios. Ante ello, invitaban a sumarse a la campaña de objeción fiscal, que consiste en la negativa a colaborar económicamente con el Estado en la financiación de las guerras. «Es un acto de desobediencia civil y consiste en dejar de pagar una parte de los impuestos para destinar esta cantidad hacia otras iniciativas sociales que trabajen en la construcción de alternativas de carácter transformador y solidario», valoraron ayer.

Indicaron que es una campaña que se consolida en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, donde el pasado año casi 200 personas se plantaron ante la financiación de los ejércitos y decidieron que parte de sus impuestos se destinara a proyectos por una sociedad «más justa y solidaria».