Sin investigación se cierra en falso el «caso Bidegi»

La Diputación de Gipuzkoa notificó ayer la decisión del Juzgado de Azpeitia de archivar la primera querella del «caso Bidegi». Una actuación del ente foral liderado por PNV y PSE que, cuando menos, fue poco respetuosa con los tiempos y los procedimientos de otras instituciones al adelantarse a difundir una decisión ajena. Tras el anuncio foral, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco distribuyó el auto judicial que en tres páginas se limita a dar por buenos los contrainformes que presentaron la Diputación y Bidegi y, sin mayores explicaciones, concluye que no hubo perjuicio económico para las arcas públicas y que, por tanto, no hubo delito de malversación de caudales públicos.

El Juzgado de Azpeitia ha actuado de la misma forma que con la otra querella relacionada con Bidegi. Entonces, el fiscal del caso solicitó un informe pericial que el Juzgado desestimó al considerar que su elaboración era demasiado onerosa, tras lo cual, y sin ordenar ninguna actuación más, concluyó que no se podían acreditar los hechos y decidió sobreseer la denuncia en septiembre del año pasado. Difícilmente se puede acreditar nada cuando no se investiga, lo que, como recoge el diccionario, significa indagar para descubrir algo o para aclarar la conducta de alguien. El archivo de las dos denuncias, sin realizar una investigación siquiera superficial, indica que la táctica seguida en esta espinosa cuestión ha sido la de dejar pasar el tiempo sin promover ninguna actuación para, más tarde, cuando los hechos resulten nebulosos y lejanos para la opinión pública, zanjar el tema sin probar nada y sin ofrecer ningún resultado digno de tal nombre.

El problema es que sin investigación, por mucho que se proclame que el caso está cerrado, como hizo ayer la diputada de Infraestructuras Viarias, María Ubarretxena, las sospechas sobre el asunto se mantienen intactas. Por salud democrática, los responsables políticos deberían ser los primeros interesados en rendir cuentas y aclarar todos los extremos dudosos, en vez de parapetarse tras la decisión de un juzgado y cargar contra los denunciantes de unas querellas fundamentadas que, conviene no olvidarlo, fueron admitidas a trámite.