La precariedad no remite en el empleo público

La situación laboral en el sector público de Hego Euskal Herria es cada vez más preocupante. Según los datos que ELA proporcionó ayer, la temporalidad es la más alta de Europa y triplica la del sector privado. La OPE de estabilización que prepara el Gobierno de Gasteiz para dar respuesta a las sentencias europeas sobre el abuso de la contratación temporal, dejará fuera, según los cálculos sindicales, al 73% de los actuales eventuales. Por otro lado, los sustitutos de docentes e investigadores de la UPV/EHU llevan meses movilizándose para denunciar la restrictiva interpretación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que realiza el actual rectorado, que les deja con sueldos de apenas 800 euros. Ayer presentaron un documental en el que recogen testimonios de profesores e investigadores afectados por la precariedad.

Todos estos datos reflejan una degradación de las condiciones de trabajo en el sector público, que se ha convertido en una de las principales víctimas de la política de recortes. Conviene recordar que Cristobal Montoro, cuando era ministro de Hacienda, redujo al 10% la tasa de reposición en el sector público, lo que contribuyó decisivamente a romper el relevo natural de los trabajadores y a disparar la temporalidad. En cualquier caso, no fue aquella la única decisión nefasta para el empleo público. Los actuales gestores han retrasado las OPE, lo que ha provocado un aumento sin precedentes de la eventualidad. Puede que en parte sea por pura desidia, pero también se percibe un interés por debilitar el empleo público. La precariedad teóricamente ahorra recursos, pero sobre todo, reduce los obstáculos a las privatizaciones masivas. Un sector público débil es una oportunidad para que el capital privado expanda sus actividades. Al mismo tiempo, la precariedad generalizada del empleo público empuja a la baja la calidad general del empleo para beneficio del capital privado.

En este contexto, resulta lógico que los trabajadores del sector público hayan optado por la movilización, pero esta es una cuestión que afecta a toda la sociedad. No solamente están en juego los empleos en el sector público, también está en juego el futuro de los servicios públicos.