La Policía irrumpió en centros de trabajo y «sin autorización judicial» contra Indar Gorri

La macrorredada contra personas ligadas a Indar Gorri, que concluyó con la puesta en libertad de los 61 detenidos y sin prohibición de entrada a los estadios, sigue coleando una semana después. El sindicato LAB denunció ayer que la Policía española irrumpió en centros de trabajo y además «sin la debida autorización judicial».

La Policía española entró en diferentes centros de trabajo sin autorización judicial, según reveló ayer LAB, que denunció con contundencia lo sucedido.

Los hechos se remontan al jueves de la pasada semana, cuando la Policía española activó una gran redada contra personas ligadas a Indar Gorri alegando que habían participado en una pelea organizada con hinchas del Betis. Fueron detenidas 61 personas en Iruñea, además de una veintena en Sevilla y Madrid.

Pese a las acusaciones policiales, que incluían «organización criminal», la operación se vino abajo al pasar ante el Juzgado de Iruñea, puesto que el instructor rechazó la tesis principal y remarcó que los arrestados ni llevaban objetos agresivos ni se les atisbaba otra intención que acudir a animar a Osasuna al Benito Villamarín. Ello hizo que quedaran libres y que no se atendiera la petición de prohibición de entrada en los estadios formulada por Fiscalía y LaLiga.

Como ya explicó GARA, algunas de estas personas fueron detenidas en la calle, otras en centros de trabajo y algunas más al acudir voluntariamente a comisaría. LAB dio a conocer ayer que la Policía «irrumpió sin la debida autorización judicial» en varios lugares donde los arrestados estaban trabajando.

DOS CASOS CONCRETOS

Citó dos casos concretos. En uno de ellos, «agentes de paisano accedieron al edificio de un comedor escolar sin la imprescindible autorización y sin aviso previo al personal del centro, ocupando las salidas del mismo. Cuando el trabajador apareció acompañado de los niños y niñas que se preparaban para ir a comer, es decir, mientras realizaba su trabajo, lo interceptaron para efectuar su detención».

En otro punto, la empresa correspondiente «impidió el acceso de los agentes españoles por no presentar la mencionada actuación judicial».

«Este sindicato tiene conocimiento de que actuaciones similares ocurrieron también en otros centros de trabajo de Navarra. Este es un proceder inadmisible e injustificado que atenta contra los derechos de los y las trabajadoras», resumió LAB.

Explicó, además, que «este sindicato también ha sufrido este tipo de operaciones policiales y sabe que las personas detenidas suelen quedar en libertad sin condiciones, por lo que es evidente que la simple citación era suficiente y no hacía falta montar semejante operación policial».