Año y medio de cárcel y 30.000 euros por una muerte en el trabajo

LAB informó del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa por la muerte de un trabajador en 2020 en Zorroza Gestión SL, en Murga: un año y medio de prisión y 30.000 euros de indemnización. Una sanción «blanda» para algo «tan grave».

La Fiscalía, la acusación particular y la defensa han acordado un año y medio de prisión y 30.000 euros de indemnización por la muerte de un trabajador el 23 de febrero de 2020 en la empresa Zorroza Gestión SL, situada en Murga.

LAB dio cuenta del acuerdo y denunció que «es inadmisible que ante una situación tan grave la Administración acepte una sanción tan blanda como esta». «La precarizada situación familiar ha sido utilizada para encontrar una solución económica barata, lo que aumenta la gravedad del proceso, en el que la propia justicia ha aceptado esta precarización hasta el último momento», censuró.

Y recordó que «los trabajadores y las trabajadoras de Aiaraldea y de Euskal Herria saben muy bien las penas que han sufrido por actuar en un piquete, gritar a un policía o hacer unas pintadas».

«Lo pagan con prisión y multas económicas altas e inhabilitaciones porque se criminaliza la lucha obrera o la lucha por la liberación nacional. A un empresario, en cambio, le sale barato el asesinato de un trabajador migrado y racializado», añadió antes de instar a participar en la movilización convocada por el comité de huelga de la comarca, SOS Aiaraldea, el 15 de mayo a las 19.30 en Murga, frente a la empresa.

El sindicato recordó la denuncia pública llevada a cabo tras ocurrir estos hechos hace cuatro años, y destacó que «fue una muerte oscura, ya que los sucedidos a continuación fueron unos hechos sin precedentes, tanto por la gravedad de las sospechas que rodeaban el caso como por la imputación en un primer momento de un trabajador a raíz de la muerte de su compañero, por presunto delito de encubrimiento».

NO ASUMIR RESPONSABILIDADES

«La patronal, y en este caso concreto la dirección de Zorroza, había abierto una nueva y peligrosa línea: la intención de hacer responsables de la falta de prevención y de las pérdidas de salud o muertes en el trabajo a los propios trabajadores y trabajadoras, es decir, a aquellas personas que precisamente son víctimas de estas desgracias», manifestó.

Aseveró que «los responsables de la empresa intentaron tapar lo ocurrido tras precipitarse el trabajador desde una altura de ocho metros. Además, el gerente de Zorroza obligó a algunos trabajadores a mover el cuerpo de Bassirou Dione para acercarlo a su puesto de trabajo habitual y, posteriormente, dio amenazas y órdenes concretas a todo el personal: ‘Ya sabéis lo que tenéis que decir, ¿no? Que se ha caído de la cinta... ¡Que se ha caído de la cinta!’».