Atender necesidades todo el año, no solo con frío

El empleo intermitente y la creciente dificultad para poder disfrutar de una vivienda son los principales factores que dan forma a unas condiciones de vida cada vez más precarias, en las que un imprevisto puede dejar en la calle a cualquiera en cualquier momento. En este contexto, las personas que carecen de papeles se llevan la peor parte, al no poder muchas veces acceder a ayudas sociales o a otros recursos públicos, como cursos de capacitación, que les permitan encauzar su vida. Un reflejo directo de esta creciente precariedad vital es el elevado número de personas sin hogar que viven en las principales ciudades vascas.

Una realidad que, además, se agudiza cuando termina la campaña invernal con la reducción automática del número de plazas de alojamiento para personas sin hogar, tal y como denunciaron ayer en Iruñea representantes, entre otros colectivos, del Punto de Información para Personas Migradas. Ciertamente, razón no les falta, porque vivir y dormir en la calle no debería ser una opción para nadie, haga buen o mal tiempo. Si la gente necesita un techo, lo necesitará todo el tiempo -hasta que su situación cambie-, no solamente cuando aprieta el frío, tal y como subrayó hace algo más de un año el Defensor del Pueblo. Da la impresión de que lo que preocupa a las autoridades es que alguna persona pueda morir de frío durante el invierno en la calle; atender a las personas que carecen de medios para satisfacer sus necesidades más básicas parece que ya no es su responsabilidad. De algún modo, los responsables políticos tratan de evitar los aspectos más crudos de la pobreza y la precariedad, pero sin reconocer que esas personas también son sujetos de derechos. En el caso de Iruñea, además, el cierre inminente del albergue provisional puede dejar este año sin alojamiento a todavía más personas.

En este sentido, conviene recordar que el reparto competencial es claro: corresponde al Gobierno de Nafarroa garantizar el alojamiento y la manutención de las personas, y a los ayuntamientos colaborar en la tarea, aunque en el caso de Iruñea la situación sea precisamente la inversa. Ya va siendo hora de que el Ejecutivo foral asuma su responsabilidad.