Starmer incluye en su agenda la polémica ley de amnistía para el norte de Irlanda

El Gobierno irlandés celebra que Ejecutivo laborista de Londres haya decidido derogar o reformar la ley que ofrece una amnistía condicional a los implicados en crímenes de Estado en el norte de Irlanda. Dublín y Sinn Féin se hicieron eco del compromiso incluido por el rey británico en la agenda de Keir Starmer, para el que no hay fecha.

La polémica ley de amnistía impulsada por el Gobierno «tory» de Rishi Sunak para cerrar las investigaciones sobre la violencia de Estado en el norte de Irlanda durante los treinta años de conflicto armado está en la agenda legislativa del nuevo inquilino del 10 de Downing Street, el laborista Keir Starmer, según se confirmó ayer en la protocolaria sesión dirigida por el rey británico Charles III.

No hay confirmación de que se busque su derogación ni plazos para ello, ni se conocen los planes de Starmer para reemplazar esa legislación que busca la impunidad del Estado británico ofreciendo inmunidad a los autores materiales de aquellos crímenes a cambio de colaboración con una comisión independiente.

Con todo, el tema está sobre la mesa y a él se refirieron el Gobierno irlandés y Sinn Féin, que desean su derogación para evitar la impunidad de los militares británicos.

El Ejecutivo de Irlanda celebró su revocación o reforma. Indicó que espera un gesto al respecto antes de decidir si retira la demanda legal interestatal que presentó el año pasado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra Gran Bretaña. «Siempre he sido claro, tal y como está, no es adecuada para su propósito», declaró el vice primer ministro irlandés, Micheál Martin, en referencia a la llamada Ley del Conflicto (Legado y Reconciliación) de 2023.

«Las necesidades de las víctimas y el cumplimiento con el TEDH deben de estar en el centro de este enfoque revisado», insistió Martin sobre la reforma de la ley, rechazada por las víctimas y los principales partidos norirlandeses.

A la cabeza de este rechazo está Sinn Féin, cuya presidenta, Mary Lou McDonald, se hizo eco de esa posibilidad, pero reclamó a Starmer hechos y no meras palabras, aunque ni siquiera se ha pronunciado el premier británico.