21 JUIL. 2024 GAURKOA Apuntes sobre inversión Joseba M. GARMENDIA ALBARRACIN Economista La inversión o Formación Bruta de Capital Fijo no es el principal componente del Producto Interior Bruto. Sin embargo, la composición, los flujos con el exterior y el destino de las inversiones constituyen aspectos claves para observar la trayectoria de un territorio. Al fin y al cabo, las inversiones establecen las bases y los contextos de las capacidades productivas privadas, públicas y cooperativas y, por tanto, de las fuentes de renta monetarias y en especie del futuro. Dado su carácter acumulativo, las inversiones de hoy determinan la estructura productiva y social del futuro. Por tanto, se trata de un ámbito de análisis y de reflexión fundamental que, a pesar de su dificultad, requiere profundizar más allá de los datos agregados y desplegar lupa y bisturí. Según el Sistema de Cuentas Europeo, la Formación Bruta de Capital Fijo se refiere al aumento en la cantidad total de bienes duraderos en un territorio durante un periodo especifico, es decir, bienes que tengan una vida útil superior a un año. Entre ellos se distinguen, por ejemplo, las viviendas, los edificios no residenciales, los vehículos de motor y otros transportes, la maquinaria y equipo, los recursos biológicos cultivados, la I+D, los programas informáticos y bases de datos, los derechos de propiedad intelectual y las infraestructuras viarias, hidráulicas, ferroviarias, aeroportuarias… Incluye inversiones realizadas por empresas, hogares y organismos públicos. Por otra parte, este tipo de activos fijos pierden valor a lo largo del tiempo debido al uso, desgaste, envejecimiento u obsolescencia, lo que se suele recoger en el concepto de Consumo o Depreciación del Capital Fijo. Restando esta depreciación se obtiene la Formación Neta de Capital Fijo de un año. En Hego Euskal Herria la inversión ronda los 16.000 millones de euros en los últimos años, es decir, un 17% del Producto Interior Bruto. Se debe señalar que antes de 2008 la inversión se movía en una horquilla del 23-26%, unos niveles que no se han vuelto a alcanzar. La pérdida de siete puntos se debe principalmente al desinflado de la burbuja inmobiliaria (disminución de 3,1 puntos entre actividades inmobiliarias y construcción) y a las políticas de austeridad que han limitado las inversiones públicas (disminución de 2,2 puntos). Como aspecto positivo se debe apuntar que la industria manufacturera, tras una abrupta caída en los años posteriores a 2008, está recuperando los niveles de inversión previas a la crisis, y que las actividades profesionales, científicas y técnicas han incrementado su esfuerzo inversor. Si analizamos la inversión por la naturaleza del activo, se observa que durante las últimas tres décadas la vivienda y la construcción de infraestructuras han supuesto en torno al 56% de las inversiones, a partes iguales. Les sigue la inversión en maquinaria y equipos con un peso que se sitúa en torno al 20% de la inversión, cuatro puntos menos que antes de la crisis. Las adquisiciones de vehículos de motor y equipos de transporte se sitúan de manera estable en torno al 7%. Y cabe mencionar el aumento del peso de las inversiones en I+D (del 4% en los años 1990 al 10% actual) y las inversiones en software (del 3 al 7%). Es decir, actualmente en torno al 38% de la inversión se puede vincular estrechamente a la mejora de las capacidades productivas y la creación de capacidades competitivas, seis puntos más que en el periodo pre-crisis. Cabe desear que en un futuro próximo aumente el peso de la inversión en maquinaria y equipos fruto de la transición renovable en la generación energética. Los flujos de inversión directa con el exterior constituyen una dimensión interesante para el análisis. Para ello se debe echar mano de la información contenida en el Registro de Inversiones Exteriores y en DataInvex, que recogen las operaciones de personas y empresas extranjeras para el incremento y disminución de participaciones o de inversiones en sociedades de Hego Euskal Herria y las operaciones de residentes en sociedades extranjeras. Llama la atención el fuerte desequilibrio entre las inversiones que entran y que salen en los tres territorios occidentales. Mientras que en la Alta Navarra el saldo de los flujos de inversión está equilibrado, con un saldo medio anual favorable de 83 millones de euros entre 1993 y 2022; en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa el saldo es negativo, es decir, en promedio cada año salen 2.343 millones de euros más de los que entran. Este saldo negativo en la CAV equivale al 21% de la inversión interior total. Debe matizarse que parte de ese desequilibrio se debe a que la totalidad de las inversiones exteriores de grandes empresas con sede social, como Iberdrola o BBVA, se computan como salida de la CAV. Sin embargo, no estaría de más estudiar y reflexionar hasta qué punto se está debilitando y desviando hacia el exterior la inversión responsable con el territorio. Aunque sea complicado se debería procurar una relación adecuada entre las necesarias apuestas de internacionalización y la mejora de las capacidades productivas interiores. Por último, cabe subrayar que la inversión pública se ha reducido a la mitad después de 2008. Además, más de la mitad se destina a cubrir la depreciación de los activos. A pesar de no alcanzar el 2% del PIB, en torno a 1.500 millones de euros, desempeña un papel fundamental en la creación de infraestructuras vitales, en la promoción de la innovación y el avance tecnológico y es esencial para promover transformaciones estructurales. Por ello, y ante los retos existentes, -electrificación y generación renovable, por ejemplo-, resulta imprescindible que el sector público recupere niveles de inversión previos a la recesión, aumentando sus recursos mediante una reforma fiscal que mejore el compromiso de las empresas y las rentas más altas, y que reoriente sus prioridades presupuestarias desde infraestructuras viarias a proyectos tractores en sectores claves, ya que la construcción civil como promedio ha supuesto un 62% de la inversión pública en los últimos 25 años. Resulta imprescindible que el sector público recupere niveles de inversión previos a la recesión, aumentando sus recursos mediante una reforma fiscal