Garantizar la vivienda es poner las bases para una vida plena y pasa por regular el mercado

La vivienda es un bien central de la vida de las personas y, en consecuencia, debería ser una prioridad de las políticas públicas. Es un indicador básico del bienestar, limitador de desigualdades y garantía de desarrollo de una sociedad. Las opciones de tener una vivienda asequible y en condiciones afectan a la emancipación de la juventud y mejoran las relaciones entre generaciones; condicionan las opciones de construir una familia, de deshacerla y de volver a construir otra, o no; alteran las posibilidades de mantener una vida autónoma y rica de principio a fin; aportan a la cohesión social.

La inseguridad respecto a la vivienda afecta profundamente a las perspectivas y a la salud de las personas y limita sus opciones de aportar a la sociedad, tal y como señala en una entrevista hoy en GARA Michaela Kauer, experta en esta materia, partiendo de la exitosa experiencia de Viena.

En una de las ciudades más prosperas y caras de Europa, el mercado inmobiliario está totalmente regulado, la vivienda es un derecho, la especulación está limitada al mínimo, al igual que los desahucios, y el mercado de la construcción y venta de casas puede ser un negocio, pero no un atraco. Las empresas trabajan, los bancos cobran y la gente vive. Para ello, las administraciones gestionan. Son decisiones políticas, acuerdos que ayudan a las personas y benefician a la comunidad. Socialdemocracia en estado puro.

«Europa se enfrenta a una crisis inmobiliaria», dijo Ursula Von der Leyen en Estrasburgo el jueves. Anunció que nombrará el primer comisario de Vivienda, porque «la gente está luchando por encontrar viviendas asequibles». En países como Irlanda la vivienda es el principal problema, y en Portugal o Alemania una de las tres principales preocupaciones.

En el caso vasco, oscila entre el cuarto y quinto puesto, con tendencia al alza. La gente cree que hay que actuar. El último Deustobarómetro indicaba que dos de cada tres personas encuestadas está a favor de poner topes a los alquileres para favorecer el acceso a la vivienda. No hay excusas, solo intereses.

TENDENCIAS GLOBALES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS

En Euskal Herria, un ciclo largo de inversión familiar, hipotecas y herencias ha hecho que muchas familias puedan tener viviendas en propiedad. Las instituciones y las entidades han promovido que las familias invirtieran en el mercado inmobiliario y han favorecido tanto a empresas constructoras y financieras como a rentistas.

La falta de vertebración de los territorios vascos ha generado grandes descompensaciones, expulsando cada vez a más personas de sus ciudades y pueblos. Los fenómenos derivados del neoliberalismo, como la terciarización de la economía, la turistificación y la entrada de fondos buitres han alimentado la escalada de precios y la escasez de oferta. Las viviendas turísticas son el último síntoma de esa deriva especulativa.

Las generaciones jóvenes tienen serias dificultades para encontrar casas asequibles y poner la base de una vida autónoma. El colchón familiar ha ido mermando, pero de forma desigual, como todo en la sociedad: unos acumulan y otros han ido perdiendo capital. Muchas familias viven hipotecadas y asfixiadas por la vivienda. Últimamente, las Inspecciones Técnicas de Edificios se han convertido en un trasvase de rentas para salvar al sector de la construcción.

El Gobierno de Lakua también ha anunciado que pondrá en marcha un Foro Social de Vivienda que, entre otras medidas, impulsará la construcción de 7.000 viviendas de alquiler social y avales para personas jóvenes. De poco servirán esas medidas si no hay un cambio de modelo y las administraciones no utilizan el poder que tienen para regular el mercado. Hay que asumir de veras que la vivienda es un derecho y que ahí no hay margen para la especulación.