Régimen de excepción

Una de las grandes magias del sistema está en introducir el abuso en el régimen jurídico y legitimarlo. Si la persecución política y la proscripción de ideas quedan recogidas en ese marco, ya solo es necesario disponer de jueces sin pudor ni vergüenza para poner en marcha la maquinaria, políticos que lo alienten y medios de difusión que lo aplaudan y blanqueen.

El acuerdo entre el PP y el PSOE contra el independentismo vasco fue el inicio de una ofensiva general para perseguir a la izquierda abertzale y expulsarla de la vida política, incluso de la sociedad.

Sobre ese propósito el juez Baltasar Garzón ya se venía destacando, pero en bastantes ocasiones los casos que instruía se quedaban en la nada. Así pues, el CGPJ, máximo órgano de los jueces y cuyos componentes son elegidos por el poder político, suspendió a los magistrados que cuestionaban las resoluciones. Para que todo tomara el rumbo marcado era imprescindible, además, institucionalizar la excepcionalidad dotándola del correspondiente marco jurídico.

Así, en febrero de 2002, PP y PSOE se reunieron para acordar las bases de una actuación conjunta dirigida a modificar las leyes de cara a eliminar cualquier expresión política de la izquierda abertzale y ahogarla económicamente.

El PNV se mantuvo a profiláctica distancia de los pactos de Estado, aunque luego puso un particular empeño policial y político en cumplir con lo emanado desde Madrid. Josu Jon Imaz garantizó a Aznar la lealtad del Gobierno de Lakua al marco jurídico español.

En este clima de colaboracionismo, en junio perpetraron la nueva Ley de Partidos, con un objetivo tan obvio que IU se opuso advirtiendo de que se ilegalizaría a una parte de la población y que entrañaba medidas propias de un estado de excepción permanente. El PNV también se mostró en contra, aunque no puso objeción alguna a su cumplimiento. Es más, Imaz afirmó que beneficiaba a la izquierda abertzale. Al parecer, estar en el punto de mira de la represión iba en beneficio de Batasuna.

Con la nueva Ley de Partidos la persecución política quedaba legalizada por el régimen y la lucha por la soberanía nacional vasca tipificada y en el punto de la mira de la represión. Se abría la veda.

TODAS LAS CARAS DE LA REPRESIÓN

Pero Garzón ya estaba de partida desde el inicio del año, cuando citó a los directores de GARA y “Egunkaria” por una entrevista con ETA. En febrero ilegalizó Segi y Askatasuna, dictó auto contra 27 jóvenes de Jarrai y Haika y en reuniones anduvo conspirando contra EKHE, la empresa editora de este diario. En marzo imputó a 21 personas más, y avisaron a medios afectos para que no se perdieran el momento. Al mes siguiente los detenidos fueron de Batasuna.

Entonces llegaron los embargos y bloqueos de cuentas de Batasuna que, a juicio de Garzón, era «una gran empresa más de ETA» y las herriko tabernas una fuente de financiación. Poco después también consideró a Batasuna responsable civil de las acciones de ETA.

Hubo incluso actuaciones con carácter retroactivo, pues en octubre imputó a 24 antiguos miembros de Gestoras pro-Amnistía y en noviembre a veinte mahaikides de HB de los dos decenios anteriores.

Mientras, en el Parlamento Europeo agentes españoles lograban introducir en la lista de «organizaciones terroristas» a Askatasuna, un organismo de apoyo a los prisioneros.

El protagonismo de Garzón fue de tal calibre que decretó la suspensión de actividades de Batasuna cuando en las Cortes aún preparaban la ilegalización. Un adelantado a su tiempo.

Inmediatamente a la firma de la suspensión, la Policía española irrumpió en algunos locales y la Ertzaintza prometió cumplir la ley. Lo hizo con fruición al mismo día siguiente, cuando asaltaron con violencia sedes para desalojar a la fuerza a quienes se encontraban en el interior.

La violencia policial se hizo particularmente notoria en septiembre, que se inició con manifestaciones reprimidas sin miramientos. Cargaron hasta contra familiares de prisioneros en Arantzazu; aunque ya lo habían hecho meses antes frente a Sabin Etxea.

Pero el mayor exponente de ello se vivió el 14 de septiembre, cuando actuaron contra una impresionante manifestación que recorría pacíficamente las calles de Bilbo con el lema “Gora Euskal Herria”. La Ertzaintza arremetió con todo tipo de material contra una multitud de 40.000 personas sentadas sobre el asfalto de la calle Autonomía. No solo utilizaron porras y pelotas de goma, sino incluso dos camiones cisterna que proyectaban chorros de agua a presión.

La intervención provocó decenas de heridos, algunos de gravedad. Una persona perdió un ojo por el impacto de una pelota y otra, un testículo.

La represión no solo se enfocó hacia el cumplimento de las instrucciones de Garzón. Durante 2002 fueron numerosos los operativos contra ETA y la kale borroka, que se saldaron con decenas de arrestados. Abundaron las denuncias por torturas y agresiones sexuales durante la detención.

También se repitieron los relatos sobre alucinaciones y extraños estados de confusión mental de arrestados por la Ertzaintza. Sobre el tema, Josu Jon Imaz se revolvió y TAT le recordó que la ONU tenía recogidos 17 casos de torturas por parte de la Ertzaintza.

Y en semejante contexto, había quien intercedía para que Baltasar Garzón fuera Nobel de la Paz.

El 23 de septiembre murieron en Basurto, Bilbo, los militantes de ETA Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga, al explosionar el artefacto que manipulaban. Justo dos meses después se quitó la vida en Legazpi Ramón Gil Ostolaza, puesto en libertad condicional unos días antes. Su liberación, perfectamente legal al superar tres cuartas partes de la condena, desató una auténtica cacería en su contra por parte de PP, PSOE y medios de difusión, que le acosaron hasta la muerte.

Por parte de ETA la actividad armada fue intensa, con numerosos ataques con bomba y cinco víctimas mortales.

La situación que se vivía no impidió que la izquierda abertzale siguiera trabajando iniciativas para la resolución del contencioso. En enero, Batasuna presentó una propuesta y en abril ahondó en ello con otra sobre transición hacia un marco democrático.

La Iglesia vasca se mostró contraria a las ilegalizaciones y José María Aznar lo consideró una «perversión moral». La Conferencia Episcopal coincidió con él; y fue más allá incluso, cuestionando la moralidad del derecho a decidir.

Precisamente ese derecho lo ejercieron en Gibraltar, al preguntar a sus ciudadanos si querían compartir soberanía con España. Casi el 99% lo rechazó.

En julio, un grupito de militares marroquíes colocaron su bandera en Perejil, un islote deshabitado. España lo tomó como un ataque a su integridad territorial y emprendió la hazaña militar “Rescatar Soberanía” para recuperar un peñasco donde había doce infantes con seis armas y un par de cabras.

En Perejil se lanzaron «al alba y con tiempo duro de levante», pero en Gibraltar se achantaron ante la Royal Navy.

El ministro de Defensa era Federico Trillo, el mismo que tras el hundimiento del “Prestige” en noviembre y después de visitar una zona de absoluto desastre ecológico dijo: «Las playas estaban limpias y esplendorosas; la visión era magnífica. No es el apocalipsis que nos han descrito».

Luego vendrían ocurrencias como la de Álvarez Cascos de bombardear el barco o los «hilillos de plastilina» de Rajoy.

En abril Hugo Chávez sufrió un intento de golpe de Estado que duró tres días, pues reasumió la Presidencia de Venezuela durante la madrugada del 14 de abril.

La atención de Putin estaba en Chechenia. En octubre un grupo checheno irrumpió en un teatro de Moscú y retuvo a quienes allá se encontraban. Tres días después, fuerzas del Ejército ruso expandieron un gas desde los conductos de aire y mataron a más de doscientas personas, rehenes y chechenos.

Durante 2002 Israel llevó a cabo tres asedios contra la Mukata, sede de la ANP y residencia de Arafat, que permaneció en su interior mientras arrasaban el complejo. Los ataques siguieron durante el año siguiente.

El 19 de agosto murió en Donostia Eduardo Chillida.

Los vientos de excepción que azotaban Euskal Herria en 2002 necesitaban algo más que un peine.