Osakidetza no afronta los riesgos mortales de ser pobres

Los pobres y sin recursos, la clase social baja, tiene menos expectativas de vida que los ricos y las clases medias. La desigualdad social se traduce también en un mayor riesgo sanitario. Los gobiernos y administraciones, que se deben a todos, deberían cuidar, sin embargo, a los más pobres y que menos recursos tienen. Y desgraciadamente no es así. Analizando desde Euskal Herria, y en especial desde Vascongadas, Gobierno vasco y Osakidetza, como veremos, no afrontan los riesgos mortales que sufren los más pobres.

Un buen nivel económico puede reducir en un tercio la posibilidad de muerte tras un ictus, según un estudio europeo presentado en mayo en la Europea Stoker Organizativo Conference. El estudio analizaba los datos de 6.901 pacientes con ictus en Gotemburgo (Suecia), entre noviembre de 2014 y diciembre de 2019, para examinar el impacto de factores socioeconómicos como la zona de residencia, el país de nacimiento, la educación y los ingresos. Los resultados no dan margen para la duda: las personas con ingresos elevados tienen un 32 % menos de riesgos de mortalidad tras un ictus. Además, las personas con estudios superiores tienen un 26% menos de riesgo de muerte tras este evento. «Los resultados ponen de manifiesto una cruda realidad: el nivel socioeconómico de una persona puede ser una cuestión de vida o muerte en el contexto de un ictus», según la autora principal de ese estudio.

¿Por qué el dinero es tan determinante en este accidente cerebrovascular? «Sabemos -dice el estudio- que las personas más pudientes acuden con más frecuencia a su médico de cabecera, quizás los que tienen menos ingresos no se puedan permitir una baja y perder el sueldo; además, mayores ingresos y más formación suelen significar mejores hábitos alimentarios, más actividad física, menos adicciones y menos tabaquismo».

Centrémonos ahora en nuestra sociedad vasca y en los riesgos mortales que sufren los más pobres porque no pueden acceder a fármacos más seguros. Son miles de personas las que en Euskal Herria necesitan tomar a diario fármacos anticoagulantes para el buen funcionamiento de su corazón. Hasta hace más de una década, todo paciente que lo necesitaba tenía que recurrir al Sintrom. Un fármaco que, además de molesto en su tratamiento, se ha demostrado peligroso hasta el punto de poder provocar un ictus isquémico o una hemorragia cerebral. Desde hace más de doce años existe en el mercado otras alternativas al Sintrom que, aunque son mucho más seguras, son más caras, y las administraciones, unas más y otras menos, se resisten a financiarlas. Así, una caja mensual de Sintrom sin financiación cuesta 3,45 euros y otros fármacos alternativos hasta 85 euros.

En Euskal Herria tenemos diferencias. En Iparralde ya no se utiliza el Sintrom y se financian los fármacos alternativos, Acod, Xarelto, Apixaban, etc. En Nafarroa, hasta un 51% de las personas que necesitan de anticoagulantes reciben alternativos como el Acod. En Vascongadas, Osakidetza solo financia los alternativos a un 43% de los pacientes. La razón de esta discriminación es puramente económica: ¡es más barato el Sintrom! Osakidetza, con sus políticas de fármacos, prefiere así el riesgo de graves consecuencias, incluida la muerte, que financiar fármacos más seguros y cómodos.

Esa política discriminatoria de Osakidetza afecta a miles de personas. Las autoridades sanitarias saben exactamente la cifra de pacientes que necesitan anticoagulantes para vivir. Y saben la cifra actual de miles de personas condenadas a seguir tomando el peligroso Sintrom, así como los miles de personas que recurren a los fármacos alternativos, aunque no estén financiados, porque quieren seguir viviendo con mayor seguridad. Gobierno vasco, como Osakidetza, sabe que miles de personas que toman Sintrom en Vascongadas son pobres y sin recursos, porque quienes los tienen consumen fármacos alternativos. Por tanto, el Gobierno vasco, con sus políticas, está practicando la discriminación entre su ciudadanía y condenando a los pobres y sin recursos a seguir recurriendo al peligroso Sintrom.

Hace ya unos años, en 2022, la Comisión de Salud del Parlamento Vasco pudo debatir sobre datos oficiales, según los cuales uno cada cinco pacientes que toman Sintrom muestran unos niveles de coagulación mal ajustados. Y en algunos OSI ese porcentaje se eleva incluso al 50%. Todos ellos son enfermos que padecen una arritmia denominada fibrilación auricular y la descompensación de la cantidad del fármaco que reciben para controlarla hace que puedan sufrir un ictus isquémico o una hemorragia cerebral. Pese a ello, no se modificó la política de tratamiento con Sintrom.

Es hora ya de que el nuevo Gobierno vasco de un paso adelante y decida eliminar esta discriminación y liberar así de ese peligroso Sintrom a los pobres y sin recursos. Es urgente que Bildu, Sumar y los sindicatos se pronuncien sobre la situación de decenas de miles de pacientes vascos y exijan eliminar esa discriminación y financiar fármacos alternativos que sean más seguros. Es más rentable financiar estos productos alternativos que costear las consecuencias de un ictus isquémico, primera causa de muerte en Euskadi, y de una hemorragia cerebral no pocas veces provocadas por el Sintrom y que, según los expertos, se calcula en torno a los 100 millones de euros al año.

Políticos, gobiernos y administraciones no deberían olvidar que la desigualdad social en nuestra sociedad se traduce en un mayor riesgo sanitario. Los pobres y sin recursos, condenados al Sintrom, es uno de los casos más elocuentes, ya que corren el riesgo de ictus y hemorragias más frecuentes que quienes pueden acceder a los fármacos alternativos. Y, si hay voluntad, sobra dinero para su financiación.