El arresto de Imamoglu, un esperado caso de «lawfare»

La Justicia turca ordenó el pasado miércoles el arresto de un centenar de políticos, empresarios y funcionarios kemalistas, entre ellos el carismático alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, acusado de corrupción y de colaboración con grupo «terrorista». Salvo el Gobierno turco, nadie duda de que estamos ante un caso flagrante de lawfare.

Desde la purga de actores gülenistas tras el fallido golpe de Estado de 2016, la cúpula de la Judicatura es connivente con Recep Tayyip Erdogan. Hay demasiadas evidencias de esta politización en favor del presidente: por destacar algunos ejemplos, escuecen las condenas selectivas a ciudadanos y periodistas por sus comentarios en las redes sociales o los casos contra el movimiento kurdo o el filántropo Osman Kavala.

Por eso, aunque genere ira en los opositores y alarma en la comunidad internacional, el arresto de Imamoglu no es una sorpresa. Era cuestión de tiempo. Los tambores sonaban desde 2019, cuando el kemalista derrotó dos veces a un candidato islamista en las elecciones a la Alcaldía de Estambul. Desde entonces, la Fiscalía ha abierto decenas de causas que Imamoglu ha ido apelando. En los últimos meses, el arresto y reemplazo de alcaldes distritales del CHP en Estambul había provocado que se elevase el tono de las acusaciones, y el propio Imamoglu se quejó recientemente de los casos dirigidos por Satilmis Büyükcanayakin, experto asignado por las autoridades al que acusa de favorecer a Erdogan.

La Fiscalía de Estambul se basa en dos entramados para justificar la detención de Imamoglu: uno de corrupción, por el que ya ha declarado y en el que los jueces le han impuesto prisión preventiva, y otro de asociación ilícita con grupo «terrorista» ligado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Debido a la draconiana ley antiterrorista, en el peor de los supuestos Imamoglu podría permanecer años en prisión, como atestiguan miles de ejemplos recientes de políticos y activistas kurdos. En el mejor de los supuestos, podría ser puesto en libertad, aunque difícilmente evitaría su inhabilitación política. De momento, podría quedar apartado de la carrera presidencial por carecer del diploma universitario, requisito obligatorio para optar a la presidencia en Turquía: un día antes de su arresto, la universidad en la que se licenció hace más de 30 años le retiró el título.

En esta atmósfera represiva, el CHP eligió el domingo a Imamoglu candidato a las elecciones presidenciales previstas para 2028. Era lo esperado. No había otro aspirante y, siempre que no haya una sentencia firme, su arresto no supone un impedimento legal: Selahattin Demirtas se presentó desde una prisión en 2018. En paralelo, en caso de emergencia ante una posible inhabilitación, en la recámara del kemalismo espera el pragmático expanturco Mansur Yavas, el actual alcalde de Ankara.

Nada más conocerse las detenciones, y saltándose la prohibición de manifestarse impuesta por las autoridades, decenas miles de personas salieron a apoyar a su alcalde en Estambul. Desde el miércoles, todas las tardes, frente al Ayuntamiento de Estambul y en otras ciudades del país, personas indignadas se reúnen para denunciar un «golpe de Estado» y pedir justicia, mientras los líderes políticos arengan a continuar la resistencia en las calles. El CHP ha sabido capitalizar el descontento y asistimos a las protestas más multitudinarias desde las de Gezi en 2013. Si bien las muestras de apoyo crecen y son generalizadas entre el bloque opositor y la comunidad internacional, el Gobierno no se inmuta, aferrándose al supuesto Estado de derecho, mientras se organiza para aumentar la represión contra opositores y polarizar aún más el país.

MARCADA POR UNA CARRERA ARMAMENTÍSTICA PREOCUPANTE Y EL ASCENSO DE FIGURAS COMO DONALD TRUMP O JAVIER MILEI,

la coyuntura global favorece el modus operandi de Erdogan, que ya no disimula su autoritarismo. Desde hace tiempo, la sociedad turca es consciente de ello y, como probablemente ya penalizó en comicios anteriores, ahora podría no restarle votos. De hecho, filtrado por el brazo mediático como un mal necesario ante las amenazas inminentes, este autoritarismo no desentona con el expansionismo turco en Oriente Medio y la negociación en aparentes términos favorables para disolver el PKK.

Así, con el mazo firme en la mano, mientras en las Cortes acorrala a las voces opositoras, Erdogan continúa allanando el terreno para optar a un nuevo mandato presidencial. Para ello, tiene dos opciones: enmendar la Constitución o, a través de una moción de censura, interrumpir su mandato, que no computaría y así no alcanzaría el máximo de legislaturas establecidas en la Carta Magna. En ambos casos, el proceso tiene que pasar por el Parlamento, donde Erdogan necesita aliados más allá del panturco MHP. Y ahí es donde entra el prokurdo DEM, condicionado por actual el proceso de diálogo, que de nuevo será un actor clave en Anatolia.