La alcaldesa de Lezama se enfrenta a una recusación por votar el PGOU

Bildu estima que la alcaldesa de Lezama habría debido abstenerse el 30 de enero en la votación para la aprobación inicial de la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En la actualidad, ese documento urbanístico está en fase de consulta ante la Diputación de Bizkaia y el Ejecutivo de Lakua, después de que el Pleno del Consistorio lo refrendase por segunda vez con los votos a favor de los ediles jeltzales.

El argumento que justificaría tal petición es el de que Alaitz Etxeandia y su familia tienen «gran interés» en la unidad de ejecución de Txupetxa, recogida en el proyecto, ya que una parte de los terrenos son de su propiedad. Los soberanistas recuerdan cómo, en virtud de un acuerdo suscrito en 2007 con dos promotoras inmobiliarias, recibieron 2,2 millones de euros, teniendo comprometidos otros 5,5 millones en caso de desarrollarse la operación.

Por contra, si el PGOU no prosperase, tendrían que devolver el dinero y asumir las correspondientes indemnizaciones. En sucesivas sentencias, el TSJPV y el Supremo español declararon nulos estos planes urbanísticos, lo que ha obligado al PNV a reiniciar el proceso, introduciendo pequeños matices en el proyecto y, según Bildu, consiguiendo, por ejemplo, de la Agencia Vasca del Agua-URA que reconsidere la calificación de los terrenos de Txupetxa como zona inundable.

La coalición entiende que la primera edil tenía que haberse abstenido de debatir y votar el asunto «en la medida de que es propietaria del suelo» de la unidad de ejecución UE-2 Txupetxa. En la petición de pleno extraordinario, que se celebrará el lunes a las 8.30, exponen la reglamentación y legislación que obliga a los miembros de una corporación municipal a abstenerse, como en este caso concreto. Además, recuerdan que, al votarse en el Consistorio la interposición de diferentes recursos contra sentencias contrarias a los intereses del PNV en este asunto, la alcaldesa sí se abstuvo.

La corporativa de Bildu Estibaliz Aranberri insiste en la «ilegalidad» que ha cometido la alcaldesa y espera que la secretaria municipal emita un informe jurídico que aclare si Etxeandia estaba capacitada para participar en el debate y votación de un asunto en el que tiene interés ella y su familia. Aranberri cree que existe cierta «obstinación» por parte de los jeltzales por sacar adelante este proyecto urbanístico después de sucesivos varapalos judiciales.

Acusa también al PNV de «falta de transparencia» y de gobernar a través de decretos para tratar de impedir la labor de fiscalización de la oposición.