Sin un día de descanso tras la intensa jornada del jueves, CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP se pusieron ayer mismo manos a la obra para tratar de hacer realizable el compromiso adquirido el día anterior: preguntar a la ciudadanía sobre la independencia el 9 de noviembre de 2014. Para ello registraron en el Parlament la proposición de ley orgánica que trasladarán en febrero al Congreso de los Diputados, después de haberla votado en Catalunya a principios de año.

Acogiéndose al artículo 150.2 de la Constitución, que regula la cesión de competencias a las autonomías, el Parlament pedirá al Estado que autorice a la Generalitat a convocar un referéndum en 2014. Una vez recibido el seguro rechazo por parte de los partidos españoles, quedará abierta la vía de la ley de consultas catalanas, que el Parlament tramita desde hace meses y que el Gobierno ya ha amenazado con recurrir ante el Tribunal Constitucional.

No fue este el único anuncio, ya que la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, también informó de que una veintena de trabajadores de su departamento estudian ya todos los aspectos relacionados con la logística de la consulta, incluido un censo electoral propio, herramienta indispensable en caso de negativa del Estado, ya que este es quien tiene en sus manos los registros actuales.

Además, los partidos empezaron a reunir a sus respectivos órganos de gobierno para ratificar el acuerdo alcanzado por los líderes el jueves. Fue el caso de ambos socios de CiU. Convergència inició su ejecutiva con un sonoro aplauso al president, Artur Mas, tras lo cual su secretario de organización, Josep Rull, visiblemente satisfecho, se expresó con mayor claridad que nunca: «CDC hará campaña por el triple sí: sí queremos votar, sí queremos un Estado para Catalunya y sí queremos que sea un Estado independiente».

Con menos contundencia se expresó, como cabía esperar, el líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, que no quiso aclarar si apostarán por el sí a la independencia. En cualquier caso, el comité de gobierno del partido avaló el acuerdo y el líder democristiano se mostró contento porque la pregunta garantiza «la inclusividad y la claridad», aunque insistió en que la consulta «será legal o no será».

Además, Duran i Lleida se reunió ayer con el líder de ERC, Oriol Junqueras, tal y como estaba previsto. Pese a que no transcendió el contenido de la entrevista, encima de la mesa tuvieron los rumores sobre una posible entrada de los republicanos en el Govern, posibilidad que toma fuerza tras el acuerdo de este jueves. Los republicanos reúnen mañana a su Consell Nacional para ratificar el pacto.

Por su parte, la CUP fijará su posición en un Consell Polític el 21 de diciembre, pero en un comunicado enviado ayer a la prensa consideró el acuerdo como «un paso adelante en el camino de la confrontación entre la voluntad popular y la negación de derechos por parte del Estado español».

El sector del no y no

Como cabía esperar, el PP catalán, Ciutadans y PSC volvieron a cargar contra la fecha y la pregunta de la consulta, aunque los socialistas -con corrientes internas que ven con buenos ojos el acuerdo- matizaron algo su crítica, dirigiéndola también hacia el Gobierno español. «[Mariano] Rajoy no entiende que hace falta un cambio, no un portazo», sentenció el líder del PSC, Pere Navarro.

En la misma línea se expresó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien declaró que «la consulta no se va a hacer, pero algo hay que hacer». Admitió además que la situación actual es consecuencia directa de la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, una decisión judicial que se produjo durante su obierno y que dijo no compartir pero que hay que «aceptar y acatar».

Sea como sea, como ayer volvió a dejar claro Elena Valenciano, la posición oficial del PSOE sigue alineada con las tesis del Gobierno del PP, que por voz de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, reiteró que «no hay nada que discutir ni negociar». Más contundente aún se mostró la líder de UPyD, Rosa Díez, quien recuperó la idea relanzada hace poco por José María Aznar y sugirió al Gobierno recuperar las penas de cárcel para los responsables de convocar consultas ilegales.

Por último, las miradas se dirigieron también a Europa, donde la portavoz de la Comisión Europea, Pia Ahrenkilde se limitó a lanzar balones fuera y no responder a ninguna pregunta sobre la materia. Un silencio que para nada hay que confundir con indiferencia, tal y como demostró la vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, que aseguró que «el tema de Catalunya es muy serio». «Espero que el sentido común se imponga en España para resolver este problema», concluyó.