Ocho personas integran la Comisión para el Impulso del Proceso de Paz que tiene como objetivo «ampliar los espacios de diálogo y colaboración para gestionar el contenido de las recomendaciones del Foro Social y conseguir avances sólidos en el proceso de paz», según destacaron ayer en el Palacio de Aiete de Donostia Paul Ríos y Peio Dufau, en nombre de Lokarri y Bake Bidea, organismos que han promovido esta iniciativa.

Los integrantes de la comisión son Jordi Armadans, Fernando Armendariz, Garbiñe Biurrun, Anne-Marie Bordes, Henri Duhalt, Maite Pérez Larumbe, Nazario Oleaga y Michel Tubiana.

Según explicaron ayer los integrantes de la comisión, el Foro Social les ha encomendado cuatro tareas. En primer lugar, tienen que promover que los contenidos de las recomendaciones elaboradas por el Foro Social para impulsar el proceso de paz sean atendidos. En segundo lugar, deben facilitar, animar e impulsar una amplia y activa participación de las instituciones, partidos políticos y sociedad civil en el proceso de paz. En tercer lugar, tienen que presentar el contenido de las recomendaciones a las principales instituciones y actores implicados en el proceso de paz. Y en cuarto lugar, deben abrir cauces de diálogo y contraste sobre el contenido de las recomendaciones con las principales instituciones y actores implicados en el proceso de paz.

Duhalt, Bordes y Pérez Larumbe fueron los encargados de dar a conocer estas tareas, interviniendo en francés, euskara y castellano.

Ríos y Dufau recordaron que en mayo el Foro Social presentó un documento de «recomendaciones útiles para superar los obstáculos que actualmente presenta el camino de la paz y la convivencia».

En este sentido señalaron que contaron con la participación de 700 personas, recogieron la aportación de doce expertos internacionales y más de 500 propuestas concretas. Lokarri y Bake Bidea presentaron una serie de recomendaciones en relación al desarme y el desmantelamiento de las estructuras militares de ETA, la reintegración social de las personas presas y huidas, la garantía de los derechos humanos y los principios para afrontar todo lo sucedido en el pasado.

Presentadas en mayo

«Como idea principal, apostaron por el diálogo, la participación ciudadana y el consenso como camino para establecer unas sólidas bases para la convivencia futura», destacaron los responsables de Lokarri y Bake Bidea.

Las recomendaciones presentadas en mayo eran un total de doce, agrupadas en cinco grandes epígrafes. El primero de ellos destacaba la necesidad de alcanzar consensos básicos para abordar los principales retos del proceso de paz y recomendaba «promover un ejercicio de diálogo y reconciliación» para establecer bases que garantizasen la convivencia futura.

El segundo epígrafe trataba del diseño, desarrollo y culminación de un proceso de desmantelamiento y desarme e incluía dos recomendaciones: un diseño controlado, ordenado y consensuado que culmine con el desmantelamiento de armas y estructuras militares de ETA y, además, que este proceso contara desde sus inicios con la intervención y colaboración de facilitadores independientes.

El tercer epígrafe destaca la importancia de facilitar la integración de las personas presas y huidas e incluía cuatro recomendaciones, destacando que esta cuestión es «un elemento esencial para construir una convivencia estable y duradera» y la conveniencia de «adecuar la legalidad a la realidad y aplicar una justicia de carácter transicional», además de modificar aspectos de la política penitenciaria que van contra los derechos humanos, citando expresamente la situación de presos enfermos, la negativa de liberar a quienes han cumplido su condena y la dispersión, «que penaliza a las familias».

En este ámbito, se recomendaba que el proceso «siendo integral, se debe desarrollar de forma individualizada, escalonada y en tiempo prudencial» y reclamaba a los presos «mostrar su compromiso con el nuevo escenario y renunciar a vías violentas», además de reconocer «el daño causado como consecuencia de su actuación».

Asimismo, se recomendó que los presos sean actores activos en el proceso de paz, facilitando la relación y el intercambio de opiniones entre las personas presas, la ciudadanía y las instituciones competentes.

La promoción y la garantía de los derechos humanos forma el cuarto epígrafe, instando para ello a la implementación de reformas legislativas. Además, se recomendaba que «se fije el principio de que no puede haber lugar para la impunidad» y que se redimensione el número y la función de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «para adecuarlas a la realidad».

La preservación de la verdad y la memoria «para afrontar el pasado con honestidad» y establecer las bases de la convivencia es el quinto epígrafe, con recomendaciones como la puesta en marcha de un proceso amplio de verdad, justicia y reconciliación de carácter integral y que se faciliten las diversas maneras de narrar y recordar, «fomentando la autocrítica en todos los sectores sociales y políticos y los ejercicios honestos de reconocimiento de los graves errores cometidos».

Junto a ello, Ríos y Dufau explicaron ayer que Bake Bidea y Lokarri se encargarán de facilitar las tareas de la comisión, ofreciendo su recursos para la coordinación técnica y operativa. De este modo, anunciaron que organizarán seminarios y espacios de participación ciudadana que contribuyan a generar ideas sobre el desarrollo e implementación de las recomendaciones. En esta línea, Lokarri y Bake Bidea presentarán públicamente nuevas iniciativas para ofrecer un cauce de participación directa en el proceso de paz a la sociedad.

Asimismo, Dufau confirmó que en febrero Baiona acogerá un nuevo Foro Social para analizar específicamente las recomendaciones presentadas en mayo.

Lokarri y Bake Bidea destacaron la importancia de dar el protagonismo a la sociedad en el proceso de paz. «Ante las dificultades y obstáculos, la sociedad tiene ante sí la responsabilidad y la oportunidad de avanzar en su propio camino hacia una paz justa y verdadera. Debemos asumir dicha responsabilidad y aprovechar la oportunidad», señalaron.