Tres mesas redondas con nueve expertos, bien por ser académicos o por su propia experiencia, abrieron en canal la cuestión irresuelta de los presos en la clausura del Foro Social iniciado el viernes en Iruñea. Una tormenta de ideas que empezó por la política carcelaria actual y, dado que el consenso contra ella es enorme aunque siga vigente, acabó imaginando cómo lograr «un proceso de reintegración integral». De esto se encargaron Jon Mirena Landa, Javier Mira y Daniel Holder; de lo primero, José Antonio Martín Pallín, Iñaki Lasagabaster y Brian Currin.

Jon Mirena LANDA, Profesor de Derecho Penal y exdirector de Derechos Humanos de Lakua: “En vez de escenificaciones de humillación, una salida sería la responsabilidad civil’’

Landa anticipó que se iba a «mojar» y lo hizo con una propuesta muy concreta de «estándar democrático» para la reintegración de las personas presas. Plantea en ella tres requisitos: «algo de paso de tiempo en prisión» (porque «suprimir esto sublevaría el principio de justicia»), «algo de reconocimiento del daño» y «un compromiso de futuro». Este dibujo general tiene mucho más detalle. Así, sobre el tiempo de prisión, el que fue director de Derechos Humanos en el Gobierno Ibarretxe sugiere que en los casos más graves el cumplimiento efectivo pueda situarse en torno a la mitad del tope de condena impuesto. En cuanto al reconocimiento del daño, considera que una fórmula adecuada y práctica sería la asunción de las responsabilidad civiles («si tengo dinero, pago, y si no, lo haré en el futuro»), en lugar de reclamar a las personas presas «escenificaciones de humillación». La tercera parte resulta más sencilla; cabe considerar incluso que ese compromiso ya está adoptado y solo faltaría darle «firmeza», pero sin llegar a exigir a los presos condiciones como la delación. Jon Mirena Landa cree, en resumen, que se trata de un planteamiento «sano, defendible como estándar ético, equilibrado, con fuerza estratégica».

Javier MIRA, Profesor de Derecho Penal de la Universitat de València: “El PP estaría hoy obligado por la propia Constitución a cambiar la legislación”

Tras aplaudir el sosiego con que se cruzaron estas propuestas en Bilbo, algo que ve imposible en otras partes del Estado, Mira pidió realismo porque «la derogación del arsenal punitivo no se va a producir. Por tanto, lo que toca es deslegitimarlo». Y pese a ello, tiene claro que no solo tocaría revocarlo, sino que el Gobierno del PP está obligado a ello por la propia Constitución, dado que sigue aplicando un tratamiento excepcional a una situación normalizada (enunció aquí el artículo 55 que dice que solo cabe suspender derechos en un estado de excepción). El profesor valenciano diferenció dos niveles: por un lado, medidas como la dispersión, para cuya supresión no haría falta «ni tocar una coma de la legislación», dado que no están contempladas en ella; por otro, todo ese «arsenal punitivo» que sí cree que hay que anular. Y en consecuencia, por ejemplo, indultar a los presos por actividades exclusivamente políticas.

Daniel HOLDER, Director adjunto del Comité sobre la Administración de Justicia (CAJ): “Exigir reconocer el daño causado hubiera complicado bastante las cosas en Irlanda”

Holder aportó la experiencia de su ONG en Irlanda, con un análisis detallado de cómo se abordó el tema de la reintegración en el Acuerdo de Viernes Santo. Cabe concluir que primó el pragmatismo, de modo que, por ejemplo, no se exigió reconocer el daño, algo que Holder hubiera preferido para facilitar la reconciliación. Junto a ello, desmitificó algunos aspectos de ese proceso. Así, recordó que según las encuestas solo el 3% de la población protestante apoyaba aquellas excarcelaciones, de modo que únicamente prosperaron porque iban «en el paquete general». Y fue muy crítico con la impunidad de las tropas británicas, ofreciendo datos aplastantes: mientras el número de republicanos que pasaron por prisión puede elevarse a 25.000 y el de paramilitares lealistas oscila entre 5.000-10.000, solo se ha detectado el paso por la cárcel de cuatro soldados británicos sobre un contingente de 300.000 que ocuparon Irlanda en todas esas décadas. Una diferencia brutal si se repara en que las acciones violentas atribuibles al Estado suponen del 10% al 30% del total. Para Holder, esto resulta muy grave porque «si no se resuelve este asunto de la impunidad, lo van a volver a hacer. La historia se repite».

José Antonio MARTÍN PALLÍN, Juez emérito del Supremo español: “¿Por qué llegar a Estrasburgo si podemos solucionar la dispersión aquí?”

Su condición de magistrado español de la más alta escala suscitaba un morbo añadido, pero ello no evitó que Martín Pallín fuera muy crítico con la judicatura y la política españolas, e incluso animara a la monarquía a implicarse en este tema. Hizo hincapié en dos cosas. Por un lado, parafraseando a Montesquieu, recordó que «las leyes no son solo letra, sino también su espíritu», y apuntó como solución al artículo del Código Civil que dice que «la norma debe ser interpretada en función de la realidad social del momento. Y no hay que ser un profundo analista para saber que la realidad social del País Vasco es muy diferente a la de antes». En paralelo, citó que el Estado español cuenta con una Ley General Penitenciaria de 1979 que en su día «fue de las más avanzadas del mundo y se aprobó por unanimidad», si bien luego ha sido restringida a través de reglamentos y decisiones jurídicas. Añadido a todo ello, Martín Pallín remarcó que Madrid está sujeto a un Tratado Europeo que debe ser cumplido y en el que no caben las políticas de excepción, como mostró el fallo que anuló la doctrina 197/2006. Se le preguntó entonces si Estrasburgo tiene la llave para anular la dispersión y cuánto tiempo haría falta para ello. Replicó con otro interrogante: «¿Y por qué hay que llegar a Estrasburgo si lo podemos solucionar en el ordenamiento jurídico español?».

Iñaki LASAGABASTER, Catedrático de Derecho Administrativo de la UPV-EHU y miembro de la Comisión para impulsar el proceso de paz: “Las sentencias europeas vinculan a España, todas, porque son parte del Tratado’’

Lasagabaster comenzó ligando la política carcelaria actual con las fases históricas en que los presos no tenían derechos y eran llevados «a morir» a Guayana o Ushuaia. Puso mucho énfasis en la ilegalidad de las medidas actuales. Y llamó la atención sobre la reciente respuesta del Gobierno español a una interpelación de Amaiur, que le planteó si acaso no conoce una reciente sentencia de Estrasburgo –referida a Rusia– que establece que los presos tienen derecho a estar cerca de sus familias. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha contestado que ese fallo «no le vincula» y que «sus principios no son extrapolables». Para Lasagabaster, con ello Madrid incumple el Tratado Europeo, porque este se compone tanto de su texto «como de las sucesivas sentencias que lo complementan». Avanzando por la misma senda, denunció argumentos como el de que «la dispersión cesará cuando se disuelva ETA. Eso conculca el principio de legalidad», advirtió. Y puso a todo lo que está ocurriendo un nombre claro y tajante: «Prevaricación».

Brian CURRIN, Facilitador en conflictos y miembro del Grupo Internacional de Contacto: “Los presos tienen derecho a participar en estos procesos, aunque no esté escrito”

Currin, que no necesita presentación en Euskal Herria, repasó cómo se afrontó este asunto en Sudáfrica e Irlanda. Y extrajo la misma conclusión: la participación activa de los presos en los procesos de solución ayuda mucho y debe tomarse como un derecho, aunque no esté escrito como tal. Destacó algún detalle del caso irlandés, como los permisos a los presos para salir los fines de semana «uno o dos años antes de su excarcelación». Estos respondieron con una especie de «código ético», hasta el punto de que algunos prisioneros entre semana excavaban un túnel para huir de la cárcel, pero no se fugaban en estas salidas. El caso es que funcionó.