Rajoy desatenderá a la UE si aleja a los presos vascos que trasladará París

Los próximos meses pueden modificar de modo relevante el mapa de distribución de los presos vascos. Tras filtraciones de prensa, fuentes gubernamentales españolas confirmaron ayer que efectivamente se ultima la reforma legal obligada por Europa -con una decisión marco de 2008- para que las personas prisioneras en un estado comunitario sean transferidas al estado del que son naturales.

No obstante, al mismo tiempo estas fuentes se apresuraron a afirmar que en ningún caso debe entenderse este movimiento futuro como una modificación de la política penitenciaria. Parece evidente que con ello el Gobierno de Rajoy anticipa ya su intención de aplicar la dispersión también a estos futuros presos en las cárceles españolas. Sin embargo, si así ocurriera estaría incumpliendo el espíritu y la letra de la citada decisión marco europea.

En ella no se plantea el cambio de Estado como una cuestión meramente técnica, sino que se le da un objetivo claro y expreso: «Incrementar las posibilidades de reinserción social del condenado». Y aquí la Unión Europea alude concretamente a la necesidad de tener en cuenta «sus vínculos familiares, lingüísticos, culturales, sociales o económicos». Una definición que choca frontalmente con el desarraigo que provoca la política de dispersión en todos esos ámbitos.

Dudas sobre el alcance

Preguntado por la cuestión en una rueda de prensa en Bilbo, el portavoz de Etxerat Ibai Bilbao optó por la prudencia, recordando que este traslado no puede ser valorado hasta conocer si realmente se traduce en algún acercamiento o por contra se mantiene la actual situación de excepcionalidad.

Otro tanto apunta la abogada Maritxu Paulus-Basurko, en declaraciones a GARA. Indica por un lado que si el traslado al Estado español volviera a deparar el alejamiento de la persona presa respecto a sus familiares «sería contradictorio con el objetivo marcado por Europa, además de una flagrante vulneración de sus derechos».

Añade también la abogada que existen otras incógnitas añadidas, por cuanto no está claro si este traslado repercutiría en las condiciones de cumplimiento de condena en aspectos como el cómputo del tiempo, las redenciones... Paulus-Basurko recuerda que en vista de la política imperante en el Estado español en estos temas, incluso podría llegar a ocurrir que el cambio resultara muy perjudicial para la persona presa.

Aparentemente, ante ello no habría freno posible, porque la gran novedad de este procedimiento consiste en que el prisionero ni siquiera es consultado. Hasta ahora ese traslado al Estado de origen estaba contemplado como mera posibilidad, a través de una ley de 1983. Y de hecho, en estos años se ha materializado en aproximadamente una decena de casos de vascos que pidieron ser llevados de cárceles francesas a españolas por diferentes motivos y se les concedió.

La casuística es muy variada, de modo que en otros casos esa misma petición ni siquiera fue respondida por la Administración española. Y llama la atención que en dirección contrario no ha ocurrido lo mismo, puesto que tres solicitudes de presos con nacionalidad francesa encarcelados en el Estado español para ser llevados al norte del Bidasoa han sido rechazadas por Madrid.

En la actualidad existen cinco presos vascos con nacionalidad francesa en cárceles españolas. Por contra, son casi un centenar los que tienen nacionalidad española y están en prisiones del Estado francés.

Teniendo en cuenta los condicionantes impuestos por la decisión marco europea (tener condenas firmes y no estar pendientes de otros sumarios en el Estado francés), diarios del Grupo Vocento calculan que en torno a medio centenar de vascos podrían ser movidos del Estado francés al español cuando Madrid complete la reforma legal. Se calcula que acabará su recorrido antes de fin de año. El procedimiento establecido después es especialmente rápido: si hasta la actualidad el trámite «voluntario» requería unos 90 días, este traslado «obligado» se materializará en unos 30.

No existe posibilidad siquiera de recurso contra esta medida. En la hipótesis de que la persona presa rechazara el traslado por el motivo que fuere, tendría que conformarse con los cauces habituales de denuncia -en este caso al Estado francés-, ante instancias como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La decisión marco fue aprobada por el Consejo Europeo hace ya seis años, con la intención de homogeneizar y compatibilizar distintas situaciones jurídicas en el seno de la UE. Sin embargo, la necesaria trasposición a las leyes estatales se hace con gran lentitud. París ya ha completado el proceso y Madrid se dispone a hacerlo.

Pero mientras tanto, según el Grupo Vocento los gobiernos de Rajoy y Valls ya han abordado la cuestión en conversaciones como la mantenida recientemente por el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, con la titular francesa de Justicia, Christiane Taubira. La intención española, cuyo criterio habitualmente es seguido a pies juntillas por París, sería evaluar individualmente el caso de cada preso vasco trasladable, en un proceso muy controlado políticamente.

Estado francés, algo más lejos

La aplicación de la política de dispersión en ambos estados resulta similar en cuanto al número de kilómetros. Según datos de Etxerat de hace dos años, los presos vascos en cárceles francesas se encontraban a una media de 731 kilómetros de Euskal Herria, mientras que en el caso de las españolas la distancia era algo menor, 657.

Los datos de la dispersión penitenciaria, en uno y otro estado, resultan abrumadores. En el desglose realizado por Etxerat en su último informe periódico se indica que en la actualidad hay 466 prisioneros en 76 cárceles diferentes, de los que solo cinco están en Euskal Herria.

Por lo que respecta al resto, 65 presos se hallan a más de 1.000 kilómetros de casa; 130 más, a entre 800 y 1.000 kilómetros; otros 166, a entre 500 y 800; 32, a entre 400 y 500; y solo 69 se encuentran a menos de 400 kilómetros de sus domicilios.