En agosto de 2012, el general colombiano Rito Alejo del Río fue condenado a 26 años de prisión por una masacre cometida por paramilitares en el Urabá chocoano en 1997. En una sentencia de 38 páginas, el juez concluyó que fue «una de las principales cabezas de un contubernio criminal». «Es indudable que en la organización irregular existían jefes encargados de diseñar estrategias y dar las órdenes. El entonces general Del Río era uno de los indiscutibles líderes de la organización, junto con Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, el `Alemán' y `Doble Cero', y por sus manos pasaban el diseño de estrategias, impartición de órdenes, acopio de apoyos y despliegue de tropas conjuntas», resaltó el magistrado.

Tomando como referencia este fallo, el integrante de la Comisión Justicia y Paz y defensor de derechos humanos Danilo Rueda se preguntó en qué ha beneficiado a la comunidad afectada el hecho de que fuera condenado a 26 años, si a día de hoy siguen sin saber la verdad de lo ocurrido. «La propia comunidad ha propuesto que, en vez de estar en prisión, conviva con ellos durante seis meses sembrando arroz y les diga la verdad, quién les financió, qué empresas han estado vinculadas al narcotráfico...», destacó.

En este punto y centrándose en la aplicación de la que se conoce como justicia transicional, lanzó una serie de interrogantes de cara a una etapa postconflicto:

«¿Para qué la cárcel? ¿Es realmente aleccionador? ¿Transforma el dolor de las víctimas el hecho de que un general o unos militares estén en prisión? Ya sabemos contra quiénes se aplica siempre esa `no impunidad', contra los de abajo, contra los rebeldes, nunca contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. Debemos reinventar el Derecho, buscar otras fórmulas y, sobre todo, combatir la impunidad social, más que la jurídica, porque el grueso de la sociedad desconoce la comisión de estas masacres, no quiere ver estas realidades».

Incidió en la necesidad de revertir «el imaginario que crean los medios de comunicación». Recordó que, el viernes pasado, cuatro presos de la guerrilla se cosieron la boca en la cárcel de Eron-Picota de Bogotá para denunciar la desatención médica que padecen y la vulneración de derechos. «Los mensajes que sobre esta denuncia pude leer en las redes sociales decían cosas como `¿por qué no se han cortado un brazo o los testículos?', `tranquilos, os llevaremos cianuro'. Debemos luchar contra este tipo de impunidad social y discursiva, en la que el `otro no es más que un terrorista'. Para ello es esencial que las víctimas dispongan de un canal propio de televisión y otro de radio a nivel nacional, como ya lo tienen los militares, para que desarrollen estrategias de publicidad, se apropien del lenguaje y hagan llegar a la sociedad sus relatos», y la configuración de una Comisión de la Verdad.

Para poder hacer efectivos los cambios que conduzcan al país a una paz con justicia social, Rueda insta a «cambiar la correlación de fuerzas» existentes y a crear «una nueva cultura política» alejada de «prácticas excluyentes y de viejas pugnas ideológicas que la gente no entiende, y enamorar a los sectores medios de la sociedad. Solo con madurez y creatividad podremos tomar el poder legislativo, ejecutivo y judicial».