El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue quien, en 2012, apadrinó la expresión «forzar el ordenamiento jurídico» para asegurarse el encarcelamiento de tres manifestantes en Barcelona. Desde entonces, la voluntad de incrementar el castigo a las protestas ha corrido en paralelo al aumento de los modelos y la pluralidad de las movilizaciones en un Estado en crisis. Es aquí donde se ubica la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada el jueves en el Congreso con la soledad del PP y UPN. La conocida como «ley mordaza» amplía el abanico de multas a conductas concretas como la «perturbación de la seguridad ciudadana» frente a las instituciones, grabar a los agentes o parar un desahucio. En este sentido, constituye el complemento pecuniario del Código Penal que dejó en trámite el exministro Alberto Ruiz Gallardón. No obstante, va más allá de la represión, y completa un círculo que busca implantar el modelo de control de las calles incluido en la agenda del PP. Aprovechando su rodillo, ya ha puesto en pie la arquitectura legal. Habrá que esperar a otras mayorías para poder tumbarlo.

Sin un juez

El PP define esta ley como «proporcionada» argumentando que determinadas actuaciones dejan de ser falta penal para ser castigadas por la vía administrativa. Esto tiene trampa, ya que lo que eluden es el control del juez. Vale, no amenaza con cárcel, pero un policía podrá multar según su criterio (su palabra siempre prevalece a no ser que haya pruebas que le desmientan) y luego será el afectado quien tenga que recurrir. Una apelación que, además, está sujeta a la ley de tasas. De este modo, un ciudadano puede encontrarse ante la disyuntiva de pagar una multa injusta con una reducción del 50% o jugársela a un recurso por el que ya tiene que desembolsar una cantidad previa y que, en caso de perder, le obligaría a abonar la cuantía completa. Con esta norma, el PP elude a jueces díscolos como aquel que no vio delito en el «escrache» a Soraya Sáenz de Santamaría en 2013.

Protestas

Retirado el artículo que preveía sancionar las «ofensas a España», buena parte de la tipología está dirigida a «coser a multas» las protestas. De menos a más, las penas monetarias van desde participar en una marcha no comunicada, considerada como falta leve y con una multa que oscila entre los 100 y los 600 euros, hasta las «muy graves», que son los actos «prohibidos en infraestructuras en las que se prestan servicios básicos para la comunidad». Tomando en cuenta que aquí se incluyen las telecomunicaciones, es probable que protestas como las que protagonizan los trabajadores de TVE fuesen sancionadas con el castigo máximo, de entre 30.001 y 600.000 euros. Los «Rodea el Congreso» eran una de las modalidades de protesta que estaban en el punto de mira. Finalmente, se ha cumplido el «modus operandi» habitual del Gobierno de Mariano Rajoy. Se lanzó el «globo sonda» de tratarlas como «muy graves» y afrontar hasta 600.000 euros de multa y, finalmente, se han dejado a medio camino, que era probablemente el objetivo inicial. Según la ley, habrá castigo de entre 30.001 a 220.000 euros euros para la «alteración grave de la seguridad ciudadana» frente a «las sedes del Congreso, Senado y las asambleas de las CCAA, aunque no estuvieran reunidas». Esto, en el caso de que estuviesen autorizadas, aunque no hay agravante por no comunicar. Queda en el aire comprobar qué se considerará como «alteración grave» cuando se comprobó en las últimas marchas que las cargas policiales coincidían «casualmente» con la hora del telediario.

Desahucios

La misma semana en la que el CGPJ constataba un incremento del 7,3% en el número de desahucios, PP y UPN avalaban la norma que persigue específicamente la paralización de ejecuciones hipotecarias. Unos ejemplos de desobediencia civil que ahora se convierten en infracciones graves. Concretamente, el articulado habla de sancionar los «actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales». Además de la lucha contra los desahucios, esta norma tendría un impacto directo en los «herri harresiak» que tratan de evitar las detenciones políticas en Euskal Herria. La pregunta está en si el PNV, al frente del Gobierno de Lakua, utilizará una normativa que ha rechazado en el Congreso para multar, a través de la Ertzaintza, a las personas que formen los muros populares.

Drogas

En un contexto en el que la ilicitud de los estupefacientes es cuestionada por líderes como el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, Madrid incrementa la presión sobre la tenencia de drogas no destinadas a la venta (lo que implicaría un delito). Ahora, consumir en público un porro de hachís o llevar en el bolsillo una pequeña cantidad de cocaína se castigará como infracción grave. Un curioso aumento del castigo, teniendo en cuenta que el PP incluyó el dinero negro de los estupefacientes dentro del cómputo para cuadrar el PIB. También se perseguirá el «traslado» de personas que quieran comprar drogas, pensado para las denominadas «kundas» que conducen a heroinómanos en Madrid. Interior ha incluido como «muy grave» el cultivo de sustancias sicotrópicas (léase marihuana) en «lugares visibles al público».

Inmigración

Como una disposición añadida a última hora, Interior ha aprovechado para incluir un parche con el que legalizar las denominadas «devoluciones en caliente», es decir, las expulsiones de inmigrantes en la valla de Ceuta y Melilla sin que puedan acogerse a la ley de extranjería, que obliga a la identificación y la apertura de un proceso de salida con garantías. Con esto, lo que Madrid pretende es dar un barniz de legalidad a la práctica habitual en las ciudades autónomas. En este ámbito la contumacia española choca no solo con los mínimos estándares de Derechos Humanos, sino con las directivas europeas. Cecilia Mälstrom, exconsejera de Asuntos de Interior en Bruselas, ya se lo avisó a través de una dura carta antes de abandonar el cargo. Parece que Madrid está dispuesto a llevarse otro revés en ámbitos internacionales, que observan con preocupación las agresiones contra inmigrantes.

Resistencia

En la lista de sanciones, el PP ha sumado un «totum revolutum» que incide en las movilizaciones pero que también cuela un modelo de sociedad. Entre las infracciones graves, protestas pacíficas como la resistencia pasiva (puede ser considerada «resistencia»), negarse a disolver una manifestación no autorizada e, incluso, disfrazarse con uniformes o «réplicas» de los mismos de las FSE, como es habitual en parodias y actos que reclaman la marcha de la Policía y Guardia Civil de Euskal Herria.

Entre las leves, celebrar reuniones en un lugar de «tránsito público (¿puede ser un parque?)», ejecutar actos «de exhibición obscena», que se equipara a atentar contra la libertad sexual, la ocupación de viviendas o el consumo de alcohol cuando «se perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana». ¿Quién decide? La Policía, claro.