Doce de los 28 jóvenes juzgados en el macroproceso que se sigue en la Audiencia Nacional española ya no se enfrentan a seis años de cárcel, después de que el fiscal, Juan Antonio García Jabaloy, retirase los cargos contra ellos. Tras ser arrestados, torturados (la mitad de ellos, los otros seis fueron detenidos en Iparralde) y pasar cerca de un año en prisión, Izaskun Goñi, Egoi Irisarri, Endika Pérez, Imanol Beristain, Ikoitz Arrese, Irati Tobar, Saioa Zubiaur, Ainara Ladrón, Aitziber Plazaola, Beñat Lizeaga, Jazint Ramírez y Xalbador Ramírez ya no se sentarán hoy en el banquillo de los acusados. En su turno de conclusiones definitivas, el representante del Ministerio Público no dio detalles sobre su cambio de parecer, centrándose en sostener 16 acusaciones que, como quedó claro en su exposición, se basan exclusivamente en las declaraciones obtenidas bajo tortura. Negar la existencia de los maltratos fue uno de sus objetivos y solo reconoció que el parte de lesiones de Irisarri le obligaba a retirar la acusación «para cumplir con la ley» y no porque existiese tormento.

«¿Sabe usted que Zipotza Kultur Elkartea es una sociedad gastronómica?» «Para mí, no». Este diálogo entre Aiert Larrarte, abogado defensor, y uno de los peritos policiales que intervinieron antes del fiscal, simboliza cómo los agentes han querido forzar sus tesis. Ayer, por última vez en este sumario, los uniformados se dedicaron a acusar en base a elucubraciones sobre pegatinas, pañuelos o panfletos que vinculaban a Segi u «organizaciones satélites».

La versión de la acusación

Al llegar el turno del Ministerio Público, la tesis sobre la «instrumentalización» se vino abajo, ya que García Jabaloy aseguró que se centraría solo en el concepto de «militancia activa». ¿En qué se apoyó para sostener las acusaciones? En las declaraciones obtenidas bajo torturas y elementos hallados en domicilios (retiró los enseres incautados en los locales que fueron también registrados) como pegatinas, DVDs o carteles. Si la incomunicación es lo único que permite al fiscal mantener sus teorías, tenía que defenderla como prueba. Así que dedicó buena parte de su tiempo a, por una parte, negar los malos tratos y, por otro, recordar sentencias que avalan la validez de los testimonios en comisaría. Para ello tuvo que remontarse a fallos, por ejemplo, de 1996, que han sido ya superados por jurisprudencia más reciente.

«Bajo ningún concepto hay el más mínimo indicio de que haya torturas», llegó a afirmar García Jabaloy, aferrándose al tiempo transcurrido entre la incomunicación y las denuncias presentadas. Olvidaba el togado que muchos de los jóvenes afirmaron haber sido sometidos a tormento ante el juez instructor, Fernando Grande-Marlaska. También intentó desacreditar a los peritos que elaboraron el protocolo de Estambul, insinuando que se trataban de informes ad hoc. Llegó a afearles que no visitasen las dependencias policiales y reiteró que, pese a que la ONU lo recomienda, no se trata de un proceso «vinculante».

Entre las razones para mantener su petición de seis años de cárcel se enumeraron un panfleto que los policías reconocieron no comprender por no hablar euskara, dinero destinado a sufragar los gastos de otro juicio o testimonios de absueltos en el otro sumario. Hoy, la defensa expondrá sus conclusiones, que abogan por la libre absolución de los 16 jóvenes.