«Si quieren saber algo, que vayan a los tribunales»

Las respuestas del expresidente de Navarra y, debido a su cargo, también de la CAN, Miguel Sanz, y la del exdirector de la misma entidad, Enrique Goñi, ante la última decisión de la Audiencia Nacional han sido un mea culpa victimista con la aviesa intención de «amenazar al mensajero», en este caso a Kontuz.

Nunca ha sido objetivo de Kontuz dañar la imagen pública, mucho menos la privada, de nadie. Jamás hemos pretendido otra cosa que saber lo ocurrido para que la CAN dejara de ser la Caja de todos los navarros y navarras, fundada, y en teoría controlada, por las instituciones públicas con el objetivo de llevar a cabo una importante obra social y, en su caso, exigir responsabilidades.

Desde junio de 2011, no hemos cambiado el lema de esta digna lucha ciudadana: «¡luz y taquígrafos, caiga quien caiga!» Y lo hemos hecho con argumentos, de forma educada y siguiendo los pasos legales estipulados. Nos dirigimos al Defensor del Pueblo, que aceptó estudiar nuestra queja para luego asumir que no tenía competencias para gestionarla. Después, acudimos al Parlamento donde nos encontramos con un muro de silencio, la negativa a recibirnos y el desprecio como respuesta. Desprecio a toda la ciudadanía porque allí, tras una batería de preguntas parlamentarias realizada por Bildu, ante la perplejidad de toda la oposición, el portavoz de UPN, Sr. García Adanero, afirmaba: «¡si quieren saber algo, que vayan a los tribunales!».

Y el de los tribunales fue el siguiente paso porque ¡no nos dejaron otro! Si no llega a ser por la denuncia judicial y la importantísima movilización ciudadana que le acompañó, el caso CAN, como algunos pretendían, se lo hubiera llevado el viento...

Desde entonces, hemos conocido numerosos y tristes detalles sobre la defunción de la CAN, a la que echarán de menos varias generaciones. Y Kontuz los ha ido contando a la ciudadanía, así como otros asuntos que su equipo de investigación periodística ha ido descubriendo y que tampoco han tenido respuesta oficial, como el de la desaparición de parte del patrimonio artístico de la entidad.

Fuimos testigos de la instrucción de la juez Mª Paz Benito (quien hasta en cuatro ocasiones envió a la Guardia Civil a la sede de la Caja) que acabó con la imputación, entre otros, del expresidente Sanz y la presidenta Barcina por un presunto delito de cohecho. Y esa fue la conclusión de la juez, no la de Kontuz.

Por su parte, la Audiencia Nacional nunca cerró el tema CAN. Y al contrario de lo afirmado por Sanz y Goñi, lo que ahora ha decidido la Sala de la AN es averiguar lo ocurrido desde la llegada de Goñi a la Caja (avalado por Sanz, UPN y PSN). O sea, que la AN pretende, aceptando todas las diligencias pedidas por Kontuz, investigar ¡todo! el proceso de desguace de la entidad.

Es por ello sorprendente que Sanz hable de un intento de Kontuz de «difamar a personas e instituciones» (lo mismo dijeron los acusados en los casos Bárcenas y Urdangarín) o que Goñi insista en que el caso CAN «ha sido ya objeto de tres decisiones judiciales de archivo». Nada más lejos de la realidad. Lo único archivado definitivamente son las denuncias del exconsejero Pejenaute y la presidenta Barcina contra Kontuz y su portavoz.

Tanto Sanz como Goñi repiten que «Caja Navarra no ha desaparecido». Pues bien, ¿dónde está? Los documentos firmados prueban que lo que se produjo fue una «absorción» y que ésta llegó ante la quiebra inminente a la que llevaron a la Caja, entre otros, sus máximos responsables, Sanz y Goñi.

Dice Goñi que «mi única retribución ha sido la reflejada en mis nóminas, previamente acordada por el órgano competente». Lo que no dice es que quienes doblaron su sueldo (en plena debacle de la entidad) fueron Sanz y Ricardo Martí-Fluxá, nombrados por el consejo de administración que presidía el corellano. Y que, poco después de este millonario aumento, Goñi, al mando de Bodegas Sarría como responsable de Criteria, les devolvió el favor designando presidente de esta potente empresa vinícola a Sanz y consejero a Martí Fluxá.

El propio Sanz ha reconocido que se cometieron «errores» como la lisérgica inversión en Washington y Goñi afirma que este proceso de absorción por parte de la Caixa «no ha causado ningún perjuicio». Sr. Goñi, es la Caixa quien ha pagado al FROB, a los preferentistas, etc después de que la entidad bajo su responsabilidad se fuera al garete. Y el perjuicio más grave e irrecuperable es el causado a una sociedad que se ha quedado sin su principal instrumento financiero: la antes solvente Caja de Ahorros de Navarra.

Por no hablar de que Yolanda Barcina cobró más de 150 mil euros en dietas por presidir la Comisión de Control de la CAN mientras se fraguaba el desastre. Durante aquellas bien remuneradas reuniones, leídas todas sus actas, podemos decir que Barcina no hizo ni una sola pregunta ni aportación. El Gobierno de Navarra tampoco hizo inspección alguna, como debía, en la Caja, pero eso sí, las dietas para sus responsables políticos fueron millonarias.

No somos quienes para juzgar si ha habido delitos o no. Si todo ha sido legal o no. Las sospechas sobre la gestión de la CAN las han puesto encima de la mesa jueces y fiscales (a los que Goñi minusvalora cuando dice que Kontuz los ha «intoxicado») y por ello han imputado a Sanz y a Goñi y pedido investigar.

Kontuz seguirá trabajando al servicio de la comunidad, con la convicción de que el triunfo de la ciudadanía es irreversible y de que, más pronto que tarde, los responsables tendrán que dar cuenta de sus actos.