La intención del Estado de atacar el apoyo al sustento de los presos vascos afectados por la dispersión era conocida desde tiempo atrás. El propio ministro de Interior se encargó de pregonarla a periodistas cercanos, como recogió GARA ya en junio bajo el titular ``Madrid prepara una redada contra la solidaridad económica con los presos''. Se materializó ayer, apenas 36 horas después de la marcha multitudinaria de Bilbo, con una redada que intentó dar imagen de fortaleza saltándose todos los límites del sentido común.

Así, entre los dieciséis detenidos había tres abogadas que apenas dos horas después iban a trabajar en la Audiencia Nacional y que pese a ello fueron detenidas. A los arrestos les siguieron numerosos registros, incluido el de la sede principal de LAB en Bilbo, que duró todo el día. Y la Guardia Civil, que paradójicamente intenta achacar a los detenidos delitos económicos, se llevó un montón de dinero en metálico de esta sede y de alguna herriko taberna sin precisar. Afirmó haber intervenido más de 90.000 euros en monedas y billetes y hasta difundió la imagen de la apropiación del montón de calderilla como si se tratara de una gran hazaña.

Según explicó la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, lo incautado en su sede eran las aportaciones voluntarias hechas en Bilbo por las decenas y decenas de miles de manifestantes, que fueron guardadas ahí por la organización dada la cercanía a Zabalburu y a la espera de ingresarlas en un banco.

La red Sare exigió en una nota la devolución del dinero incautado, «una recaudación que iba destinada exclusivamente al abono de los gastos generados en la organización de esta movilización ciudadana». Y añadió que «no nos preocupa tanto que el Gobierno español vuelva a quedar en evidencia ante el mundo por su nula actitud democrática. Nos preocupa que se detenga abogados, se deje sin defensa a encausados y se requise el dinero para financiar una movilización que obtuvo una gran participación a favor de los derechos humanos».

Contra los abogados

Como ocurriera hace justo un año, entonces en vísperas de la manifestación, la mayor parte de los arrestados son abogados, con una actividad perfectamente pública y conocida, sobre todo para esa Audiencia Nacional que ha ordenado la redada a través del juez Eloy Velasco.

Entre ellos hay letrados con dos décadas de asistencia a presos vascos, como Ainhoa Baglietto o Alfontso Zenon, junto a una mayoría muy jóvenes, caso de Haizea Ziluaga o Jaione Karrera. Figura también la coportavoz de Sortu Amaia Izko. Junto a ellos están ahora en los calabozos Arantxi Aparicio, Onintza Ostolaza, Atxarte Salbador, Eukene Jauregi, Kepa Manzisidor, Aiert Larrarte y Ane Ituiño. Los otros cuatro detenidos son vinculados oficialmente con la tesorería de Herrira, el movimiento social por los derechos de los presos disuelto tras la redada de setiembre de 2013: se trata de Jon Mintegiaga, Javier Carballido, Fran Balda y Nagore San Martin.

En principio, todos ellos se encuentran en situación comunicada. Fueron llevados esposados a los registros realizados ayer, que incluyeron más de media docena de locales, entre los que estaban sus despachos profesionales. Al parecer, hoy se les tomará declaración en dependencias policiales, y en el caso de las tres abogadas arrestadas en Madrid es probable también que pasen por la Audiencia Nacional.

Las acusaciones de carácter económico se corresponden con la filtración producida allá por junio. Se apuntan imputaciones como «delito contra la Hacienda Pública», «blanqueo de capitales», «financiación del terrorismo» e incluso «delito contra los trabajadores», que aunque puedan parecer ridículas acarrean la posibilidad de fuertes condenas de cárcel. Todo ello se basaría en la tesis de que no declararon a Hacienda los ingresos por asistencia a presos durante 2012 y 2013, y que Herrira tuvo participación en ello. El objetivo añadido de la operación policial sería por tanto intentar atacar la imagen de los detenidos. Sin embargo, letrados que comparecieron por la tarde en el Colegio de Bizkaia destacaron que la ciudadanía vasca sabe perfectamente que estos letrados «no roban».

Junto a ello se han introducido las acusaciones de relación con ETA habituales en estos casos, por lo que se anticipan probables acusaciones de «integración en organización terrorista» y «enaltecimiento». Así, Interior sostiene una vez más que los letrados «participaban activamente en el adoctrinamiento ideológico e informaban a la dirección de ETA de la situación personal y jurídica de los presos, así como de su compromiso con los postulados de la organización». Todo ello en un contexto, al que el Gobierno español parece ser completamente ajeno, en que Euskal Preso Politikoen Kolektiboa está dando pasos concretos desde diciembre de 2013 para resolver el problema carcelario, explorando las vías legales españolas y francesas de modo individualizado.

Como indicios delictivos, se citan en las informaciones de agencia labores estrictamente profesionales y que lo único que probarían sería su intensa dedicación. A modo de ejemplo, Europa Press detallaba que «los abogados detenidos llegaron a mantener anualmente contactos con la mayoría de los presos y visitaron el 95% de las cárceles donde están recluidos los etarras». Las lógicas visitas de defensores a defendidos se presentan como «rondas de control para alimentarlos políticamente».