Togas que señalan al estado y a veces le ganan

El dossier de los ataques a los abogados vascos, muy amplio ya antes, cuenta ahora con un nuevo capítulo, probablemente el más grave y extenso hasta la fecha. Dos generaciones diferentes de letrados han sido detenidas en una redada que a los objetivos políticos suma tintes de venganza. Los arrestados desarrollan una labor continuada e ingente de denuncia de la tortura y de los ataques a presos y familiares, así como de defensa de los imputados en macrojuicios políticos, que ha obtenido algunos éxitos sonoros en los últimos tiempos. El mayor, la anulación por Estrasburgo de la «doctrina Parot», que tuvo como protagonista directa a Amaia Izko junto al recientemente fallecido Didier Rouget. Pero también las sucesivas condenas europeas al Estado español por no investigar torturas, terreno en el que destaca por ejemplo la implicación de Ane Ituiño desde Torturaron Aurkako Taldea.

En Madrid también se han logrado victorias jurídicas relevantes, como la sentencia absolutoria a 40 jóvenes el pasado junio, que marcó un antes y un después por el modo en que el tribunal de la Audiencia Nacional derrumbó toda la teoría y construcción del «todo es ETA», incluyendo la alusión a la tortura. En aquel caso intervinieron igualmente abogados detenidos ahora, como Jaione Karrera o Kepa Manzisidor.

Perseguidos con anterioridad

Al contrario de lo que ocurre en otros estados en los que la defensa jurídica es una cuestión blindada, el trabajo de estos abogados vascos siempre ha conllevado alto riesgo. Así, varios de ellos han sido procesados anteriormente por su labor profesional de denuncia de vulneraciones de derechos. Aiert Larrarte, por ejemplo, fue juzgado junto a Julen Larrinaga acusado de «injurias» a la Guardia Civil por una rueda de prensa alusiva a la detención de Ibon Meñika en 2006. La Audiencia de Bizkaia les absolvió.

Más recientemente, Alfontso Zenon fue llevado a los tribunales por el entonces consejero de Interior, Rodofo Ares, tras señalar a la Ertzaintza por torturas a unos detenidos en Ondarroa. El asunto llegó a juicio y Zenon fue condenado inicialmente a multa, si bien finalmente la Audiencia vizcaina declaró prescrito el asunto.

Ofensiva jurídica por los presos

La labor de asistencia a los presos vascos, con el plus especial de dificultad que supone la dispersión extrema y que les obliga a interminables viajes, ocupa la mayor parte del tiempo de estos abogados. Izko, por ejemplo, continúa atendiendo a algunos de ellos, una labor que compatibiliza con las responsabilidades en la portavocía de Sortu y con el ejercicio de la defensa en procesos como el que arrancaba ayer en Madrid o el que terminó recientemente con 28 jóvenes en el banquillo.

En el caso de Arantxi Aparicio, había sido señalada con anterioridad en medios españoles por defender a Iosu Uribetxebarria durante la larga lucha que concluyó con su acceso a la libertad condicional debido a su grave enfermedad. La insistencia en la demanda dio sus frutos, pero resultó notorio que muchos poderes del Estado tomaron el asunto como una afrenta.

Destaca igualmente el hecho de que la mayor agresión a este colectivo de abogados se produzca en el momento en que los presos han abierto una inédita ofensiva jurídica por sus derechos. Los letrados ahora detenidos se estaban encargando de la presentación de las quejas por vulneraciones de derechos ante la Audiencia Nacional, después de que las primeras solicitudes de ser llevados a Zaballa presentadas ante la Administración penitenciaria fueran rechazadas. En noviembre informaron de la cuestión en rueda de prensa Haizea Ziluaga e Iñaki Goioaga. La primera tanda de quejas ya está tramitándose en el tribunal especial español. Habrá que ver si esta redada no obstaculiza también esta iniciativa.