Quiso la casualidad que el martes por la noche en el Parlamento Europeo se debatiera sobre las escuchas del espionaje holandés a abogados, lo que el parlamentario vasco Josu Juaristi aprovechó para denunciar la última operación policial contra la defensa de los presos vascos y, al mismo tiempo, la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la aplicación de la normativa europea sobre la acumulación de condenas.

Pasaban las 22,30 horas cuando Josu Juaristi tomó la palabra para hablar a los eurodiputados «de la situación que se vive en mi país, en Euskal Herria». Y les contó la detención de dieciséis personas, entre ellas doce abogados, del juicio contra 35 militantes de la izquierda abertzale por hacer política, de la manifestación de 80.000 personas contra la política penitenciaria, y de la entrada de la Guardia Civil en la sede de un sindicato para llevarse el dinero recaudado en esa marcha.

Denunció ante el Parlamento que «esta operación es política y estas personas han sido detenidas por su trabajo jurídico de defensa de las presas. Es un ataque el proceso de paz. Es inadmisible que un Estado miembro vulnere derechos fundamentales, incluido el derecho de defensa, con tal impunidad».

También tuvo palabras para la decisión que horas antes había adoptado el Supremo. «Es inadmisible que un Estado miembro rechace la aplicación de normativas comunitarias con el fin de doblar condenas ya cumplidas y que nada ocurra -reiteró-. Eso no es justicia. Es venganza».

Juaristi consideró que lo ocurrido es «un escándalo mayúsculo». Explicó que «es una cuestión de derechos, de si un estado es democrático o no, y el Estado español se obceca en demostrar que no. Se empeña en alejarse más y más de lo que debería ser un Estado de Derecho».

El eurodiputado de EH Bildu también informó de lo acontecido en Euskal Herria tanto a GUE/NGL -grupo parlamentario del que forma parte- como a ALE, que criticaron la operación.

López Aguilar

En el debate sobre el espionaje a abogados intervino a su vez el europarlamentario del PSOE Juan Fernando López Aguilar, quien hizo una encendida defensa de «la garantía de acceso a la defensa y el derecho a la asistencia letrada, la defensa de un abogado plenamente independiente en todas las fases del procedimiento judicial, incluida la investigación policial».

Estas palabras, llenas de sentido democrático, contrastan con la actuación de López Aguilar cuando fue ministro de Justicia del Gobierno español y bajo cuyo mandato fueron decenas los ciudadanos vascos incomunicados que no tuvieron acceso a un abogado propio en la fase de «investigación policial».

También cabe recordar que López Aguilar reconoció públicamente en febrero de 2006 la decisión del Ejecutivo de Zapatero de «construir imputaciones» para evitar la salida de la cárcel de presos vascos, «como ya hicimos con Ignacio de Juana Chaos».