Tras 27 años encerrado, Santiago Arrozpide salió el pasado 4 de diciembre de prisión con su condena por diversos actos de pertenencia a ETA cumplida, en función de la acumulación de penas vigente en la Unión Europea. La decisión judicial sentó muy mal al Gobierno de Mariano Rajoy y ayer llegó la reacción: nada menos que una operación conjunta de la Policía española y la Guardia Civil para detener a una persona que seguía en Lasarte pese a que sobre él pendía la amenaza de volver a ser encarcelado si el Tribunal Supremo anulaba su puesta en libertad como pide la Fiscalía.

Revolviendo entre los tratados de extradición que el Estado español ha suscrito con diversas reservas, encontraron que el Convenio Europeo firmado en 1957 recoge que una persona que haya sido entregada a un Estado no puede ser perseguida ni detenida ni sentenciada por «cualquier hecho anterior a la entrega, distinto del que hubiera motivado la extradición». Pero entre las excepciones, figura la de que «la persona entregada -en este caso Santiago Arrozpide- habiendo tenido la posibilidad de abandonar» el Estado español, «no lo hubiera hecho dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a su excarcelación».

Y ahí estuvieron el juez Fernando Andreu y las FSE contando los días, con la orden en secreto, a la espera de que ayer pudieran proceder a la detención, en base a dos atentados que supuestamente ordenó en 1986 y 1987, pero cuyas extradiciones fueron denegadas por el Estado francés, una de ellas ya en 2014, cuando estaba encarcelado en el Estado español.

El abogado defensor de Santiago Arrozpide, Iker Urbina, denunció la «arquitectura jurídica» a la que ha recurrido el Estado para volver a detenerle sin esperar siquiera a que el Tribunal Supremo resolviera el recurso de la Fiscalía contra su puesta en libertad.

Condena cumplida

Santiago Arrozpide acumuló once condenas por distintas acciones de ETA que suman cerca de 3.000 años de prisión y fue puesto en libertad el 4 de diciembre de 2014 al haber cumplido la pena máxima admisible. Los nuevos actos de los que se le acusa entrarían a todas luces dentro de esa condena cumplida, puesto que no son nuevos delitos cometidos o conocidos después de su puesta en libertad.

Urbina denunció el interés mostrado por el ministro de Interior, Jorge Fernández, por la inmediata vuelta a prisión de Santiago Arrozpide, y apuntó que la operación policial de ayer demuestra que para el Gobierno español «los plazos judiciales no son suficientes y había que hacer algo para meter cuanto antes a Santi a prisión».

Propaganda «en tromba»

La detención de Santiago Arrozpide provocó la salida en tromba de miembros del Gobierno al grito común de «el Estado de Derecho funciona y no está en suspenso».

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría afirmó que la detención «tranquiliza a todos» y hace que «esté donde tiene que estar con arreglo a la ley». El ministro Jorge Fernández se justificó diciendo que «la detención de hoy no tiene nada que ver con la reciente excarcelación, aunque pueda interpretarse así». El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, incidió en que seguirán trabajando para detener a los miembros de ETA «se escondan donde se escondan».