Santiago Vidal se abre paso hacia su despacho a través de un laberinto de columnas de papeles, protagonistas mudos del colapso del sistema judicial español. «Parece que estamos en el siglo XIX», se lamenta. Su objetivo: un Estado catalán propio del siglo XXI.

¿Catalunya tendrá Constitución antes que Estado propio?

Me gustaría dejar muy claro que solo es un proyecto y, por tanto, un primer material de trabajo redactado por un equipo de juristas del que yo soy única y exclusivamente el portavoz. Es un punto de partida que ahora está abierto a la participación de la ciudadanía.

¿Quién y cómo han elaborado la propuesta?

Cuando hace un año se conoció el acuerdo para la consulta del 9N y vimos que esto iba adelante, un grupo de juristas, profesores de universidad y algunos jueces nos preguntamos en qué podíamos contribuir para conseguir que Catalunya sea un Estado y que además sea más justo, más solidario y más limpio en temas de corrupción. Y como lo nuestro son las leyes, nos propusimos elaborar en un año esta propuesta. Ahora le toca decidir a la sociedad si lo hace suyo, lo enmienda, lo corrige, lo rectifica para que finalmente se pueda entregar al Parlamento Constituyente, que es el único que tendrá legitimación legal para redactar la futura Carta Magna.

¿Puede mencionar tres o cuatro elementos de la Constitución española que cree que una Constitución catalana no debería reproducir?

Para redactar este borrador hemos mirado mucho a cuatro países: Noruega, Dinamarca, Suiza e Islandia. Sus constituciones no se parecen en nada a la Constitución española, que en comparación parece de hace un siglo. Un ejemplo es la extensión: la Constitución española es un texto muy largo y farragoso, frente al que nosotros proponemos un modelo muy corto, de solo 97 artículos, con frases también muy cortas, a modo de declaraciones de principios. De lo que se trata es de evitar conflictos de interpretación.

Otra cosa que cambia son los trámites para introducir enmiendas, ya que proponemos una Constitución mucho más abierta y fácil de reformar. Eso sí, cualquier cambio deberá ser sometido a referéndum, no podría pasar lo que pasó con la Constitución española en 2011.Un tercer elemento diferenciador es el sistema electoral que planteamos, con limitación de mandatos a dos legislaturas de cinco años y con listas electorales abiertas.

Un cuarto elemento son los referéndums revocatorios. Ya que aquí no dimite nadie, se podrá forzar la expulsión de aquellos cargos que incumplan reiteradamente con su programa electoral.

La Constitución española también tiene cosas buenas, como el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, los desahucios son el pan de cada día. ¿Cómo harían para que la Constitución se aplicase de forma efectiva?

Lo que pasa con la Constitución española es que hay derechos que no están recogidos como un derecho fundamental. El ciudadano los puede reclamar, pero la Administración no está obligada a darle una solución. Nosotros lo intentamos solucionar incorporando todos los derechos sociales y económicos, entre ellos también los culturales, al capítulo de derechos fundamentales. Así, si la administración no le soluciona el problema, yo como juez tendré com- petencia para resolverlo y adjudicar un alquiler social a través de una sentencia.

Uno de los grandes problemas del entramado constitucional español es la composición del Tribunal Constitucional. En su propuesta, ¿quién tendría la última palabra sobre la interpretación de la Carta Magna?

El diseño de los tres poderes del Estado, en nuestro proyecto, es radicalmente diferente al español, donde te encuentras con que si el poder legislativo tiene mayoría absoluta, es directamente el mismo que el poder ejecutivo. Y como el poder judicial es escogido a partes iguales por el legislativo, por el ejecutivo y por la propia carrera judicial, tradicionalmente conservadora, pues ya tienes el círculo cerrado. La división de poderes no es real.

Para evitarlo, en primer lugar, prohibimos las mayorías absolutas. Aunque un partido político obtenga el apoyo del 90%, nunca tendrá más que la mitad de los diputados menos uno. Así siempre tendrá que pactar en el ámbito legislativo. Es algo que ya existe en Noruega y en Suecia. En cuanto al poder judicial, cambiamos radicalmente el sistema de selección de jueces y fiscales, porque el sistema español es un sistema decimonónico de pura oposición memorística. Nos preparan para ser técnicos que aplican la Ley, cuando lo que hay que hacer como juez es mucho más complicado, se trata interpretar la ley para resolver conflictos.

Y finalmente, a lo que venía tu pregunta, no tendremos Tribunal Constitucional. Lo que proponemos es que en el Tribunal Supremo de la República haya una Sala de Garantías Constitucionales compuesta por cinco jueces o juezas de carrera nombrados a través de cinco procedimientos diferentes que garantizarían la pluralidad e indepen- dencia del órgano.

Cambiemos de tercio. La redacción de este borrador le ha dejado en una situación profesional delicada. En las próximas semanas el CGPJ decidirá sobre su futuro. ¿Cómo lo lleva?

Preocupado, como es lógico, porque nunca me habría esperado una reacción tan visceral por parte del propio poder judicial. Una cosa es que no lo vean bien, que lo entiendo, pero otra cosa es que me digan que lo estoy haciendo es ilegal. La verdad es que no me lo esperaba, pero me defenderé hasta el final.

¿Qué defendió en sus declaraciones ante el CGPJ?

Que el Consejo tiene competencia para valorar, analizar y tomar decisiones sobre mi trabajo jurisdiccional, pero no tiene competencia para tomar decisiones sobre mi vida privada. Habrá jueces que dedican su vida privada al dominó, yo me dedico a debatir, a pensar y a escribir con colegas juristas esto que, en el fondo, no es más que un ensayo de ciencia ficción. Un texto que, por cierto, no se han leído. Me están proponiendo una sanción muy grave por una cosa que desconocen. Podrían haber esperado a que se hiciese público, por lo menos, ¿no?

A uno lo persiguen por lo que hace en su tiempo libre mientras a un exmilitante del PP lo hacen presidente del Tribunal Constitucional. Algo falla, ¿no?

Es aquello de que todos somos iguales ante la ley... pues hombre, que se demuestre. A mí me parece muy bien que el presidente del Constitucional escriba en la FAES en su tiempo libre, lo que me importa son sus sentencias, sus decisiones jurídicas como magistrado. Lo que me dicen es que tengo el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero es que ya lo hago en mis sentencias. Eso no es incompatible con que en mi tiempo libre, y como ciudadano, yo sueñe otro Estado diferente con una Constitución diferente. ¿Está prohibido soñar?

¿Se convertirá en realidad este sueño?

Yo estoy convencido de que en los próximos dos años Catalunya será una república. Lo que no me atrevo a vaticinar es si seremos una república federal ibérica con diferentes estados asociados, que es lo que se tenía que haber hecho en 1977, o si será una república independiente.

(*)Portavoz del equipo de juristas autor del proyecto de Constitución