«Golpear a los familiares para vengarse de los presos es sádico». Con esta frase, Sabino Cuadra llevaba ante el presidente español, Mariano Rajoy, la reivindicación de la repatriación de los prisioneros vascos. Previamente, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, también había instado al jefe del Ejecutivo a acercar a los represaliados a «cárceles vascas o cercanas» a Euskal Herria. No se trata de una novedad. Durante las últimas tres ediciones del «Debate sobre el Estado de la Nación» las formaciones abertzales han exigido reiteradamente a Madrid que cumpla con los derechos humanos y no castigue a los familiares. Como en los años previos, la respuesta del inquilino de Moncloa fue la abierta negativa. «No hay razón para acabar con la dispersión», afirmó, llegando a argumentar que obligar a viajar cientos de kilómetros a sus allegados tiene pensado favorecer a aquellos presos que quieren «alejarse de ETA».

«Hoy en Euskal Herria solo queda una violencia política: la de su Gobierno, la del Estado, la de la Guardia Civil y la Policía», recordó Cuadra, censurando que, pese al nuevo ciclo abierto en Euskal Herria, el Gobierno español siga respondiendo con «ilegalizaciones, detenciones, cárcel, tortura y dispersión». Sobre esta última política argumentó que «para un preso vasco es lo mismo estar en Vitoria o en el Puerto de Santa María». «Las celdas de diez metros o el aislamiento son los mismos. La dispersión no le afecta salvo por la utilización perversa que ustedes hacen de sus familiares», consideró.

Rajoy responde decalificando

«Olvídense de la política franquista de la victoria. Nunca la van a tener. Tenemos la mano tendida, apúntense a esa vía», insistió Cuadra, que denunció el intento del Gobierno español de «reventar» el proceso abierto en Euskal Herria. «Vivían más cómodos en la etapa anterior», señaló considerando que la violencia practicada por ETA servía a Madrid para tapar todos los debates pendientes.

Esta expresión es la única que motivó una respuesta por parte de Rajoy. El presidente español, en su turno de réplica, se limitó a calificarla de «repugnante», apelando a las «víctimas» y asegurando, ufano, que la «grandeza de la democracia» es la que hace que «personas como Cuadra» puedan hablar en el Congreso. Una referencia paradigmática, teniendo en cuenta que la izquierda abertzale ha estado durante una década ilegalizada y sin poder acceder a diferentes instituciones pese a recibir los votos de los ciudadanos vascos. Ante el ataque, Cuadra pasó a la ofensiva. «Lecciones de usted, de su Gobierno y de su partido, ni una. En materia de ética y moral, callados y a repetir curso», respondió, generando los abucheos de la bancada del PP. «Nosotros hacemos nuestros todos los dolores, los sufrimientos y las víctimas que se han producido en el conflicto vasco. Sin distinción. Y cogemos las responsabilidades que nos corresponden. Ustedes deberían hacer otro tanto», ha resumido.

La treta del Gobierno

La respuesta negativa del Gobierno español a la demanda de respetar los derechos humanos de los presos vascos ya se había producido minutos antes, cuando Rajoy se había cerrado en banda a modificar la política carcelaria argumentando, como es habitual, que «ETA no ha desaparecido». Al inquilino de la Moncloa no le pareció relevante que el TEDH haya declarado ilegal esta práctica, tampoco las condenas por torturas impuestas a Madrid ni el hecho de que Ejecutivo no haya implementado el Plan de Derechos Humanos al que le instó el Congreso en 2012 a petición del PNV.

Precisamente fue el jelkide Aitor Esteban quien enumeró algunas de las vulneraciones del derecho practicadas por el Ejecutivo español, haciendo énfasis en la treta utilizada por el PP para evitar que se cumpla la directiva europea que permite la acumulación de condenas en otros estados. Como ya advirtieron seis jueces del TS, Esteban avisó a Rajoy que el final de este proceso terminará con una condena a Madrid. «Queremos desarme de ETA, reconocimiento del dolor causado, otra política penitenciaria, el fin del régimen excepcional legislativo. Pedimos movimientos a unos y a otros», afirmó el portavoz jelkide, quien admitió las dificultades del lehendakari, Iñigo Urkullu, para hacerse escuchar en la administración española.

Uxue Barkos fue la última diputada abertzale en hablar. Censuró que las loas a la «Navarra foral y española» oculten que Madrid «ha quitado el pan y la sal» al herrialde, cuestionó los recursos al TC y el culebrón del IVA de VW y denunció, en euskara, que la lengua vasca esté vetada en el Congreso español.