El PNV antepone legalidad (española) a justicia

Los votos del PNV y del PP impidieron ayer que el Parlamento de Gasteiz iniciara la tramitación de la Ley para la Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo. El objetivo era declarar nulas de pleno derecho las actuaciones de los tribunales franquistas. La misma ley fue aprobada a finales de junio por el Parlament de Catalunya por unanimidad de la Cámara, PP incluido. Ayer solamente Elkarrekin Podemos y EH Bildu votaron a favor, mientras el PSOE y un diputado del PNV, sobrino del lehendakari José Antonio Agirre, se abstenían.

Pocas explicaciones se dieron sobre los motivos del rechazo a la tramitación. Desde luego, no ha sido razones económicas puesto que la ley no prevé ningún tipo de resarcimiento monetario. La razón esgrimida por el PNV fue la falta de competencias del Parlamento de Gasteiz para legislar sobre esta materia. El Parlament de Catalunya estaría en la misma tesitura y, sin embargo, aprobó la ley y además no ha sido recurrida por el Tribunal Constitucional. En este punto conviene recordar que la ONU ha instado reiteradamente al Estado español a que anulara los juicios de la dictadura sin que hasta el momento haya dado ningún paso para cumplir ese requerimiento.

Quizás la razón de fondo de la actitud del PNV la expresó su portavoz al señalar que existen dos vías, la catalana y la suya, es decir, la del acatamiento de la legalidad española por encima de la justicia o la memoria. ¿Habrá pesado en el ánimo jeltzale que la única persona en el Estado español que ha firmado acreditaciones de nulidad de juicios franquista sea el conseller de Justicia, Carles Mundó, actualmente encarcelado con sus compañeros de gabinete en la prisión de Estremera? Quizás, pero lo seguro es que mientras en Catalunya la mayoría social empuja al PP a votar a favor de una ley para reparar las injusticias del franquismo, en la CAV es ese partido, la última fuerza del Parlamento, el que marca el guión de la política vasca, ante la ausencia de liderazgo del PNV.