«Una excelente noticia». A primera hora de la mañana, y sin que todavía el president, Artur Mas, hubiese anunciado su propuesta de cara al 9N, su homólogo español, Mariano Rajoy, reaccionaba satisfecho a los triunfalistas titulares que enterraban las urnas y, siguiendo la terminología del sur del Ebro, daban por cerrado el «desafío soberanista». Más cauto que los titulares, el inquilino de la Moncloa, que tomaba parte en unas jornadas celebradas por el «Financial Times», reconocía que no quería «adelantar acontecimientos». Así que se limitó a reiterar el argumentario que ha desplegado en los últimos meses, ubicando la Constitución española como muro frente a las urnas, enfatizando lo «constrruido juntos» y apelando a un diálogo que tiene como límite de ese mismo texto, convertido ahora en intocable para el PP.

Rajoy había madrugado, por lo que sus palabras quedaron obsoletas a la hora de haber sido pronunciadas. Pasadas la 10.00, tras la rueda de prensa de Mas, volvía a ser una incógnita la respuesta de Madrid ante una iniciativa que todavía está por concretar. Como es habitual en el Gobierno español, no sería Rajoy quien lo aclarase. De hecho, y solo atendiendo a las formas, si el inquilino de la Moncloa siguió la comparecencia de su homólogo catalán, debió quedarse anonadado ante su locuacidad y esa extraña actitud de responder todas las preguntas, que contrasta con las breves y controladas apariciones del presidente español ante la prensa.

A falta de declaraciones del jefe de Gobierno, fue su gabinete quien opinó. No es casualidad que los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Rafael Catalá, se alzasen como voces autorizadas, dejando claro en qué términos visualiza Madrid el conflicto en Catalunya. La duda sobre qué hacer el 9N fue el único matiz al discurso de Madrid. Pedro Sánchez, líder del PSOE, insistió en su «reforma federal» y Rosa Díez, sin representación en el Parlament, a cargar contra las instituciones catalanas. Nada nuevo.

El recurso como costumbre

Quizás debido a la fuerza de la costumbre, la primera reacción del Ejecutivo fue sacar el comodín del recurso. Por si acaso. A primera hora, Catalá, aseguraba que si las preguntas volvían a ser las mismas, el Estado «volverá a tener una posición equivalente», lo que implicaría apelar al TC. Sin embargo, el mensaje comenzó a matizarse a lo largo de la jornada, manteniéndose entre las dudas sobre la viabilidad del litigio y el intento de ridiculizar la alternativa. «Se trata de una ficción jurídica que los catalanes no merecen», consideró Fernández Díaz, obviando que es la suspensión de los jueces españoles la que está en el origen.

Catalá, tan convencido por la mañana, fue más cauto en los pasillos del Senado, durante la sesión vespertina. Sin tener detalles sobre el «plan B», especuló sobre la posibilidad de que se tratase de una actividad «meramente social, no política, no institucional, no jurídica», lo que no merecería recurso. «Si es una encuesta, entonces no habrá ningún problema, porque no es inconstitucional hacer una encuesta, pero no sé si es lo que plantea el gobierno de Catalunya», opinó. No obstante, dejó claro, como confirmaron fuentes de Moncloa citadas por las agencias, que la Espada de Damocles del Estado sigue vigilando ante cualquier movimiento.