El cambio lanza otra ley para reconocer a las víctimas de la Policía
El Constitucional tumbó la anterior ley navarra de reconocimiento a las víctimas de abusos policiales y de extrema derecha. Y la CAV descafeinó la suya para frenar otro recurso tras negociarlo con el PSE. Ahora, el Parlamento navarro lo intenta otra vez.
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Hubo que pensar si merecía la pena. El margen que dejó el Constitucional para reconocer a las víctimas de los abusos policiales y grupos de extrema derecha es demasiado estrecho como para contentar a nadie. De hecho, hasta cinco magistrados del TC de los 12 que mutilaron la ley navarra de víctimas creyeron que el Constitucional se extralimitaba y emitieron votos particulares. Y eso que esta ley de 2015 no nacía, precisamente, de la radicalidad política, sino que se sacó adelante con los votos del PSN.
La nueva, que se registró el jueves en el Parlamento, llega con la mayoría de 26 escaños que le aportarán Podemos (y Orain Bai), Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra. Y en los pasillos se comenta ya una posible abstención del PSN. El texto no contiene un gran salto discursivo en relación con la ley de 2015, pero aquel año el PSOE estaba en la oposición en Madrid y era más libre. Hoy, el PSOE mantiene al juez Fernando Grande-Marlaska como ministro. Y al titular de Interior no le gustó que, al amparo de la ley de víctimas de la CAV se investigaran las torturas. Suya es la frase de «acostúmbrense a que la verdad es la verdad judicial», cuando el equipo del forense Paco Etxeberria comprobó científicamente la existencia de 4.113 casos de tortura en sus cuarteles.
Son las leyes de víctimas como la que se registró esta semana la que dan pie a estudios así. De ahí que, el pasado mes, el TSJN anulara una subvención de 17.900 euros del Gobierno navarro para que Etxeberria y la UPV-EHU continuaran con sus investigaciones sobre la tortura, ahora en el ámbito navarro. Esta sentencia escandalosa, precisamente, sirvió de acicate para que las fuerzas del cambio ultimaran y registraran esta nueva norma sobre víctimas esta semana, a fin de aprobarla antes de que acabe la legislatura. Cosa que podría llegar en el penúltimo pleno, o quizás en el último.
Las cuatro formaciones entienden que la sentencia del TC deja a unas víctimas con nombres y apellidos «sin derecho a la verdad» pero aseguran haber intentado «sortear los obstáculos» que el Constitucional les impuso «con el firme compromiso de que estas víctimas, que a día de hoy no ostentan oficialmente esta condición ni son titulares de derecho alguno, puedan acceder a reconocimiento y reparación».
Las víctimas no están contentas con la nueva ley. Fermín Rodríguez, el hermano de Germán, insiste en que se les siguen negando los derechos «a la verdad y a la justicia». Solo les conceden «el reconocimiento». Aunque entiende que era eso o nada, explica, estas tres cosas tienen que ir juntas para que sirvan de algo. «No tengo verdad, sigo sin tener acceso a las actas del sumario de la investigación por la muerte de mi hermano en 1978. No puedo estar conforme». Rodríguez recuerda que las víctimas de la Policía y de los ultras en Nafarroa van todos a una y teme que haya casos de militantes o de víctimas de la dispersión que se quedarán fuera. Su lucha, por tanto, no ha terminado.
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