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El caso no reviste la gravedad que tiene el reciente ataque de Amurrio, pues no hay armas de fuego de por medio, pero resulta ilustrativo. A finales de agosto pasado, representantes de la sociedad cultural Muara, que gestiona la herriko de Hondarribia, denunciaron ante la Policía Municipal el último ataque contra la fachada del local. Concretamente, alguien había arrancado la ikurriña, causando varios desperfectos en la fachada. No era la primera vez que ocurría algo semejante, pero en esta ocasión hubo testigos.
Según el relato de la denuncia, a la que ha tenido acceso GARA, sobre las 20.00 del 30 de agosto del año pasado, en un momento en el que la herriko estaba llena de gente, una persona llamó a la puerta explicando que una furgoneta acababa de parar frente al local. Una persona había salido del vehículo y, subida en el capó, había arrancado la ikurriña, para luego escapar.
Un vecino, sin embargo, logró retener y apuntar tanto la matrícula como el modelo y el color de la furgoneta, lo que posibilitó la identificación posterior del autor del ataque y, en contra de lo que suele ocurrir, su procesamiento.
La sorpresa, siempre relativa, llegó al descubrir que la persona identificada era miembro de las Fuerzas Armadas españolas. Así consta también en la pregunta escrita que el senador de EH Bildu Jon Iñarritu ha trasladado al Gobierno español para conocer si ha tomado alguna medida disciplinaria contra este miembro de la Infantería de Marina.
Ataques constantes
El caso llegó con gran celeridad al Juzgado de Instrucción n.º 1 de Irun, que en apenas una semana, el 5 de setiembre, condenó por un delito leve de daños al militar, que reconoció los hechos juzgados. La también leve pena consistió en un mes de multa con una cuota diaria de cuatro euros. La sentencia, a la que también ha tenido acceso GARA, carga sobre el condenado –que no acudió al juicio alegando vivir lejos– las costas del proceso y le obliga a indemnizar a la herriko con 118 euros en concepto de responsabilidad civil –es el precio de la reparación de la bandera y el mástil, según recoge la sentencia–.
La propia Fiscalía había solicitado para el acusado esa misma pena-multa, aunque pedía reducir la indemnización a solo 30 euros. La sentencia justifica la levedad de la condena en «el reconocimiento de los hechos y el arrepentimiento mostrado».
No es, ni mucho menos, la primera vez que la asociación cultural Muara denuncia hechos como los narrados. Sin ir más lejos, la herriko ya interpuso una denuncia similar en marzo de 2016, cuando desconocidos arrancaron las dos banderas colgadas en la fachada, rompiendo además un farolillo que está al lado. En aquella ocasión, sin embargo, nadie identificó a los autores de la agresión. En su pregunta parlamentaria, Iñarritu también pregunta, de hecho, si el militar ahora condenado estaba destinado en la Comandancia de la Marina de Hondarribia también en 2016.
Unos años antes, en 2010, según noticia recogida por GARA en aquel entonces, socios de la herriko denunciaron que en un solo año se registraron al menos seis ataques contra la sociedad cultural, siempre con la ikurriña y otras banderas como la de los presos como principal objetivo. Entonces no solo las arrancaban, sino que también las quemaban. Nunca hasta agosto de 2018, sin embargo, se consiguió identificar a ninguno de los autores de los ataques.
El exconcejal de Cs en Guardia no irá en las listas de LxE
Libres por Euskadi anunció ayer que José Antonio Mateo, exconcejal de Ciudadanos en Guardia e investigado por la Ertzaintza por quemar presuntamente su obrador y simular amenazas, ha solicitado no encabezar ninguna candidatura ni ostentar ningún cargo en el partido.
«La Ejecutiva de LxE está conforme con dicha solicitud y tratará en lo sucesivo al señor Mateo como a un simpatizante más de nuestro partido, manteniéndole apartado de cualquier cargo orgánico y de cualquier candidatura hasta que se resuelva el procedimiento judicial», indicaron en una rueda de prensa ofrecida en Gasteiz.
Asimismo, recordaron que Mateo asegura ser inocente de los hechos que se investigan, que tuvieron lugar el pasado mes de octubre, y criticaron el papel de algunos medios de comunicación. «Queremos pedir a los medios que no criminalicen actitudes o conductas que se están juzgando, primero hay que ver que resulta de ese procedimiento judicial», señalaron.
En octubre, tras conocerse el incendio de la panadería, LxE emitió un comunicado en el que atribuyó una motivación política al suceso. «Atentar contra un representante electo y particularmente contra sus bienes personales es de los más deleznable y reprobable, impropio de este tiempo democrático que vivimos en la actualidad e insistimos en que se clarifique este asunto y los responsables carguen con las consecuencias judiciales que les correspondan», señalaron entonces.
Cabe señalar que Mateo apoya al Ejecutivo local de Guardia, en manos del PP, e incluso participa en las Comisiones de Gobierno. Su voto es clave en el pleno, ya que el PP cuenta con cuatro ediles en el pleno, los mismos que suman PNV y EH Bildu –dos ediles cada grupo–.I.S.
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