El abogado Aitzol Asla (Behatokia) ha presentado este jueves junto a Teresa Toda y Agus Hernán (Foro Social Permanente) un informe monográfico sobre la situación carcelaria que incide en la cuestión de los grados. Si bien el anterior tapón que suponía el primer grado se va poco a poco soltando (en junio seguían en ese régimen 154 presos y presas y ahora son 78), Asla ha hecho hincapié en que «es necesario normalizar la aplicación de la legislación común y la clasificación por grados, así como tener programas de tratamiento con garantías, para poder encauzar los obstáculos que aparezcan».

Con el informe jurídico en la mano, el Foro saluda que la inmensa mayoría de EPPK (unas 190 personas) están afrontando este recorrido legal con «escritos desde su vivencia personal, en los que hacen un reconocimiento expreso del daño causado, del dolor de las víctimas y/o muestra de empatía hacia el mismo». Y ha añadido que algunas de estas personas hacen frente a la responsabilidad civil cuando han obtenido recursos para ello o muestran su disposición, aunque sea de modo simbólico, cuando están en situación de insolvencia.

Dicho esto, el informe alude a los obstáculos extralegales que se oponen a la evolución penitenciaria de estas personas presas. Recuerda por ejemplo que para salir de primer grado no es condición legal hacer un reconocimiento del daño.

Incide además en la aplicación abusiva que se está haciendo del artículo 100.2, que suaviza en cierto modo el primer grado pero se está usando para frenar el pase al segundo. Lo que es un procedimiento temporal se está convirtiendo en prolongado, de modo que algunos llevan dos años en ese régimen. Asla ha considerado que en la práctica se está convirtiendo en una especie de nuevo grado.

En cuanto al recorrido posterior hacia la excarcelación, los expertos autores del informe insisten en que siguen faltando «o no son adecuados» programas individuales de tratamiento que lo faciliten, algo en lo que ya incidían abogados de presos en esta entrevista a GARA. De hecho, el estudio expone que «hay numerosas cárceles en las que la evolución de grados se presenta como un camino imposible», algo que ya habían detallado informes anteriores específicos sobre Córdoba y Zuera.

Por lo que respecta a las cifras de esta realidad, en la actualidad hay 78 presos en primer grado (34 de ellos bajo el citado 100.2), 100 en segundo grado y solo 11 en tercero.

Solo 13% en Euskal Herria

El informe actualiza además los datos de acercamientos de presos, que en el momento actual suponen que en el Estado español el 46% está todavía a más de 400 kilómetros y únicamente en 13% en cárceles vascas. En el francés, si bien Lannemezan y Mont de Marsan concentran a la mayoría, todavía hay un 21% a más de 600 kilómetros.

17 de esats personas están enfermas (cinco en prisión atenuada, en su domicilio), diez tienen más de 70 años y otras ocho más de 65. Y suman 90 hijos e hijas menores, abocados a viajar para las visitas.

El Foro apunta en una valoración general que «los datos muestran pasos en la buena dirección y se genera esperanza, pero falta una gestión más valiente en materia de acercamientos y en evolución de grados para dar por finalizada la excepcionalidad penitenciaria».