La Ertzaintza comenzará a grabar sus actuaciones a finales de este año, según ha anunciado Josu Erkoreka en el pleno de control del Parlamento de Gasteiz, donde ha expuesto los detalles del proyecto piloto de utilización de sistemas de grabación móvil por parte de agentes de seguridad ciudadana, una práctica habitual en las policías europeas y que por ejemplo los Mossos d’Esquadra aplican desde 2011.

Según ha explicado el consejero de Seguridad, el proyecto piloto se experimentará de momento en 30 patrullas de la Ertzaintza de Bilbo, Gasteiz e Irun. El Gobierno de Lakua ha iniciado los trámites para la contratación de las primeras cámaras que, según lo previsto, se instalarán y probarán a partir de setiembre para poder comenzar la prueba piloto, ya sobre el terreno, a partir de octubre.

Se destinarán 30 cámaras: 18 a Bilbo, 6 a Gasteiz y otras 6 a Irun, con baterías de 12 horas de duración, distribuidas en 2 cámaras por cada uno de los 3 turnos de patrulla de mañana, tarde y noche de las tres ciudades. En el caso de la capital vizcaina las pruebas serán dobles ya que se implantarán, también, en el dispositivo especial de Bilbo Zaharra.

Además de las cámaras personales de grabación, la equipación incluye un dispositivo de descarga automatizada de imágenes y un sistema de gestión de vídeo para poder almacenar y tratar las imágenes con «todo el rigor y la máxima seguridad», según Erkoreka, quien ha asegurado que el objetivo de Lakua es que para esta legislatura todas las patrullas de la Ertzaintza tengan integradas las cámaras de grabación.

Con esta iniciativa se pretende «mejorar la transparencia de todas las actuaciones de la Ertzaintza, aportando garantías», para la ciudadanía, para que sepa que no pueden ser objeto de imputaciones «infundadas», por ejemplo, para los ertzainas en su actuación y también para el propio «sistema de seguridad y judicial», porque así se podrán hacer aportaciones «muy importantes a efectos probatorios» en un procedimiento.

El consejero ha asegurado que estas grabaciones no tendrán un carácter «indiscriminado» y que se harán desde el «más absoluto respeto a la protección de datos, con rigor y total seguridad» en su tratamiento.

Este proyecto se enmarca en la «digitalización de los procesos y la innovación tecnológica para disponer de herramientas avanzadas y adecuadas para responder al reto de la seguridad» y tiene un presupuesto de 13,2 millones de euros este año.