![Menores desplazados por el conflicto en Tigray y refugiados en el campamento de Um Raquba, en Sudán, esperan a que les distribuyan su ración de comida. (Yasuyoshi CHIBA / AFP)](/media/asset_publics/resources/000/803/767/article_main_landscape/tigray.jpg)
La población de la región del Tigray, norte de Etiopía, se enfrenta a la inseguridad alimentaria y a una posible hambruna tras meses de ofensiva militar contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).
Al menos 5,2 millones de personas, el 91% de la población necesita ayuda alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que ya ha proporcionado ayuda de emergencia a un millón de personas en las zonas sur y noroeste de Tigray, y aspira a llegar a 2,1 millones en los próximos meses, para lo cual requiere de 203 millones de dólares (más de 1,6 millones de euros).
Aster Beyene, madre de siete hijos, ha perdido su casa y sus cultivos a causa del conflicto y ha sido la persona un millón en recibir la ayuda de la agencia de la ONU. «Hasta ahora, dependíamos de la poca comida que nos daban mis vecinos», ha dicho desde la localidad de Adi Millen, donde el PMA ha entregado alimentos a 4.500 personas.
La agencia ha advertido de que el acceso a algunas zonas, especialmente las situadas en áreas rurales, sigue siendo complejo, a pesar de los reiterados llamamientos de las organizaciones humanitarias para poder llevar asistencia a una población que se ha quedado prácticamente sin nada desde que en noviembre pasado comenzó la ofensiva militar.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió la semana pasada de que más de 1,7 millones de personas desplazadas por el conflicto en el norte de Etiopía necesitan ayuda «urgente».
«Espantosos actos de violencia sexual»
La directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Henrietta Fore, ha denunciado que «la magnitud y la gravedad de las violaciones de los derechos de los niños y niñas que están teniendo lugar en Tigray no muestran signos de disminuir». Ha advertido de que «las mujeres y las niñas siguen siendo objeto de espantosos actos de violencia sexual»,
Ha lamentado también que «la falta generalizada de seguridad y el miedo a las represalias dejan a un número incontable de personas sin acceso a la atención y los servicios que necesitan con urgencia».
«Los niños, padres y cuidadores se refieren a una profunda ansiedad y angustia, y dicen que temen represalias o ataques. Los adolescentes hablan de miedo al reclutamiento y a ser utilizados por las partes en el conflicto», ha remarcado, ante de agregar que los socios de UNICEF han denunciado arrestos arbitrarios.
Más de 720.000 menores desplazados
La directora ejecutiva de UNICEF ha subrayado que entre los desplazados hay más de 720.000 menores y ha alertado de las condiciones de «hacinamiento, insalubridad e inseguridad» en los campamentos, lo que «aumenta los riesgos de sufrir violencia de género, abuso o explotación y enfermedades transmitidas por el agua».
Asimismo, ha hecho hincapié en que más de 6.000 menores no acompañados o separados de sus familias han sido registrados para poder recibir ayuda, si bien ha manifestado que UNICEF teme que «haya muchos más niños que necesiten apoyo» en zonas a las que el organismo no puede llegar a causa de la inseguridad y las restricciones.
«Las labores de rastreo y reunificación familiar se ven constreñidas por la limitación de las telecomunicaciones, la presencia escasa de trabajadores sociales y el acceso reducido a través de las líneas de control», ha explicado.
«Gran parte de Tigray continúa siendo inaccesible para los trabajadores humanitarios. Desde principios de abril, al menos 31 misiones de equipos móviles de salud, nutrición y agua apoyados por UNICEF y sus aliados han sido bloqueadas, ya sea por la inseguridad o porque fueron acosadas y se les negó el paso», ha lamentado.
Ha criticado que «los niños están pagando un precio terrible por este conflicto». «Hacemos un llamamiento a todas las partes para que hagan todo lo que esté a su alcance para proteger a los niños de la violencia, la explotación y el abuso, y para evitar la separación de sus padres o cuidadores principales», ha zanjado.
El hambre, como arma de guerra
En entrevista con GAUR8, el misionero de Hernani Angel Olaran y la cooperante de Alegia Maider Arostegi denunciaron las múltiples violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en esta región y calificaron como genocidio lo que está ocurriendo.
Denunciaron el hambre como arma de guerra. «En noviembre no pudieron recoger las cosechas por los enfrentamientos. Si no se toman medidas urgentes ya, en tan solo seis meses podríamos reproducir las terribles imágenes de la hambruna de 1985. La crisis humanitaria puede ser muy grave», advertía hace escasas semanas Arostegi, quien junto a Olaran espera poder regresar en breve a Wukro.
Olaran, de la Congregación de los Padres Blancos, lleva dos décadas en Tigray. Anteriormente, estuvo otros veinte años en Tanzania. El pasado 12 de mayo recibió un sentido homenaje en el Aquarium de Donostia, al que también asistió Arostegi.
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