«El acceso a la vivienda a través de la hipoteca es un fracaso»

Bregada desde hace años en la lucha contra la burbuja inmobiliaria y en defensa del derecho a la vivienda, Ada Colau es la cara visible de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la que ejerce como portavoz. Es coautora del libro ‘Vidas hipotecadas’, en el que analiza las causas de una problemática que ha dejado a 350.000 familias sin casa en cuatro años.

¿Cómo nace la Plataforma de Afectados por la Hipoteca?
Formalmente nace en febrero de 2009, pero viene de un proceso previo de gente que veníamos reivindicando el derecho a la vivienda y denunciando la burbuja inmobiliaria en los años 2006-2007, cuando la Administración y el poder financiero negaban que existiese tal burbuja. Ya entonces había problemas de sobreendeudamiento y sabíamos que, cuando la burbuja estallase, habría un problema de ejecuciones hipotecarias y, previsiblemente, desahucios. Al poco tiempo, la hipótesis se vio confirmada. La PAH nace, además con dos objetivos. Por un lado, intentar dar resupuesta a la crisis de la vivienda y a los desahucios, pero por otro, aprovechar el momento para replantear la situación. El modelo de acceso a la vivienda a través de la propiedad y la hipoteca es un fracaso.

Se suele recurrir a la responsabilidad del hipotecado, olvidando el papel de las entidades financieras. ¿Qué lectura hace sobre la responsabilidad de la situación a la que se ha llegado?
Ahora es demasiado frecuente escuchar que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero se olvida cómo se llegó a esa situación. La gente no llevaba en su código genético el impulso incontrolable hacia la propiedad, sino que se hicieron unas políticas públicas muy agresivas que empujaron a la gente a hipotecarse para acceder a una propiedad. Por ejemplo, se permitió al mercado privado hacer todas las hipotecas que quisieron con muy pocos controles por parte del Banco de España y la compra de una vivienda desgravaba fiscalmente, algo que no ocurría con el alquiler. El mercado de alquiler aquí está más liberalizado que en cualquier otro sitio; la única garantía que había eran los contratos a cinco años -ahora son a tres años-, tras los cuales te podían triplicar el alquiler. Y claro, es muy legítimo querer hacer un plan de vida a largo plazo y de forma estable, lo que abocaba a la gente hacia la propiedad, porque era más fácil firmar una hipoteca que un contrato de alquiler. Además, las hipotecas se firmaron con todo tipo de desinformaciones y estafas: te decían que si no podías pagarla podrías vender la vivienda o entregar las llaves y ya está, sin informar de que podías perder tu casa y quedarte con una deuda de por vida. Ha habido un engaño masivo, sobre todo por parte de inmobiliarias y entidades financieras, pero también por parte de las administraciones, que no han hecho el trabajo de informar. Y cuando todo estalla, resulta que la única responsabilidad recae sobre la parte más débil, la que no compró la vivienda para especular, sino para vivir.

Igual que en la crisis en general, en el tema de los desahucios ha funcionado mucho el colchón familiar, sin embargo, ahora los bancos van cada vez más a por los avalistas. ¿Hasta cuándo se puede sostener esta situación?
Cada vez es más insostenible. Una de las cosas que vemos más en las reuniones de la PAH es que la gente cada vez viene más angustiada por el tema de los avales. A la gente se le cae el mundo encima cuando descubre que puede perder la vivienda y quedarse endeudado de por vida, pero cuando realmente se le hace insoportable es cuando piensa que le puede arruinar la vida a uno de sus seres más queridos. Casos de padres que lo único que tienen como patrimonio es una vivienda para la que han ahorrado toda una vida y que tienen pensiones minúsculas con las que no pueden pagar un alquiler si pierden la vivienda. Efectivamente, al principio de la crisis la red social de las personas ayudaba mucho, pero como la crisis es de larga duración, las redes familiares y sociales cada vez pueden apoyar menos porque todo el mundo se ve más afectado. De hecho, a la PAH llegaba mayormente un determinado tipo de colectivos, como el de los inmigrantes; ahora, sin embargo, en las reuniones cada vez hay más gente autóctona, precisamente porque estas redes están llegando a su límite.

Desde el Gobierno español ha llegado el decreto De Guindos, mientras que en la CAV, Lakua ha puesto en marcha un servicio de mediación, parecido al que existe en Catalunya. Desde varios bancos, como Kutxabank, también se han declarado abiertos a la negociación. ¿Cómo ve estos movimientos y en qué se plasman en la realidad?
Por una parte nos tenemos que felicitar porque es un éxito de la presión social el hecho de que las instituciones autonómicas y estatales hayan buscado formas de reaccionar. El tema hipotecario es de competencia estatal, pero ninguna Administración puede utilizar eso como excusa para no intervenir. Que busquen la manera, pero que lo hagan. El problema es que se está ofreciendo una mediación basada única y exclusivamente en la buena voluntad de las entidades financieras, por lo que se acaba produciendo una situación de discriminación: algunos casos se resuelven, pero muchos otros no, y no depende de la objetividad del caso, sino de la arbitrariedad de la entidad financiera que te toque. Por lo tanto, no es una solución. Es más, en algunos casos se está convirtiendo en cómplice de la no resolución del conflicto, porque está ofreciendo una válvula de escape a las entidades financieras y, en lugar de hablar de la reforma legal de fondo, se pone el foco en la mediación. No es casualidad que el decreto De Guindos, que era voluntario, lo hayan firmado todos los bancos en masa, porque les ha ofrecido también una excusa para lavar su imagen, cuando se sabe que más de un 90% de la gente afectada no puede acogerse a dicho decreto por no cumplir los rigurosos criterios. Pero además, el real decreto lo que ampara es la principal propuesta que tienen las entidades financieras, que no es la dación en pago, sino la refinanciación, que se traduce en alargar la agonía y aumentar la deuda. Por lo tanto, al final resulta que la mediación se puede convertir en una cosa contraproducente.

¿Con qué cara se queda un afectado al enterarse de los rescates millonarios a la banca?
Pues se queda entre la indignación y la depresión. Es tan grave lo que le pasa en tan poco tiempo a la gente afectada que la primera reacción es hundirse, porque ves que el poder financiero tiene todo el poder y toda la complicidad de la Administración, que rescata a los bancos mientras al afectado no lo rescata nadie. Eso produce una gran sensación de impunidad para los bancos y una indefensión absoluta de la ciudadanía, con lo que el poder consigue convencer a la gente de que no hay nada que hacer. Por ello, una de las principales tareas de la plataforma ha sido precisamente ayudar a la gente a darle la vuelta a esa sensación de impotencia y demostrarnos que, si nos organizamos, sí que podemos conseguir cosas.