Represión de la protesta
Las recientes cargas policiales contra la marcha negra de los mineros en Madrid llevaron a la capital del Estado español la ofensiva represiva con la que el Gobierno del PP pretende hacer frente a la protesta social derivada de sus recortes. Antes, los estudiantes valencianos, los huelguistas catalanes y los mineros en sus cuencas sufrieron una represión que hasta hace poco parecía potestad exclusiva de Euskal Herria.
«Menos Estado social, más Estado policial», es una frase de autoría difícilmente atribuible y que ha recorrido las trincheras ideológicas de la izquierda desde hace décadas. Hoy en día refleja la cruda realidad de un Estado español que, tras desmantelar a golpe de recorte buena parte del Estado de bienestar, no duda en reprimir policial y judicialmente la protesta social derivada de sus acciones.
El año empezó caliente con la «primavera valenciana», cuando estudiantes del instituto Lluis Vives reclamaron en la calle calefacción para sus clases y fueron duramente reprimidos por un jefe de la Policía española que no dudó en calificarlos de «enemigos».
Mes y medio más tarde llegó uno de los puntos culminantes, con motivo de la huelga general del 29 de marzo contra la reforma laboral. Catalunya fue el epicentro. Tras los sobredimensionados incidentes de la jornada de protesta en Barcelona, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un total de 113 personas, seis de las cuales, en diferentes periodos, han pasado varias semanas en prisión preventiva.
Dentro de la crónica represiva del 29 de marzo, Barcelona compartió protagonismo con Euskal Herria, donde las detenciones se cebaron con los huelguistas de Iruñea y la Ertzaintza, en Gasteiz, mandó al hospital a Xuban Nafarrate. Esta es, de hecho, una de las claves de la escalada represiva; tras experimentar durante años en Euskal Herria, parece que la maquinaria represiva se traslada ahora al resto del Estado. El abogado y defensor de los Derechos Humanos catalán Jaume Asens defiende que están intentando «trasladar la política antiterrorista de Euskal Herria al resto del Estado».
De hecho, esta política no se limita a la actuación policial –muy discutida después de la muerte de Iñigo Cabacas, y las desproporcionadas cargas en Barcelona y Madrid–, sino que se extiende al campo político y judicial. «Quieren incluir hasta la resistencia pacífica como delito de atentado», explica Asens en referencia a la enésima reforma del Código Penal que prepara el Gobierno del PP en colaboración con CiU. «Hay un ciclo de represión que va a la par de una movilización de masas», sentencia.
Las indiscriminadas cargas policiales contra la marcha negra de los mineros en Madrid –una mujer tuvo que ser ingresada en la UCI por el impacto de una pelota de goma– han sido el último capítulo de un libro que, a juzgar por el constante e imparable deterioro económico del Estado y de las personas que lo habitan, todavía tiene muchas páginas en blanco por llenar.