Los tribunales catalanes obligan a dar clases en castellano si un alumno lo pide

Una nueva interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha afirmado hoy que las escuelas catalanas deberán dar la clase en castellano si uno solo de sus alumnos así lo pide. El Govern, que hasta ahora ofrecía una atención individualizada en estos casos, ya ha anunciado que no aplicará la nueva medida.

Tomándose al pie de la letra una sentencia anterior del Tribunal Supremo -que ya colocó al filo de la navaja el modelo de inmersión lingüística-, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha emitido hoy una nueva interlocutoria en la que obliga a las escuelas a dar la clase en castellano si uno solo de los alumnos así lo pide. La decisión se ha tomado tras el recurso de una de las 17 familias que en toda Catalunya han pedido la escolarización de sus hijos en castellano.

Hasta ahora el departamento de Educación había respondido a la sentencia del Supremo ofreciendo una atención individualizada en castellano a los alumnos que lo pidieran, pero la nueva resolución judicial deja claro que con eso no es suficiente: «La necesaria adaptación del sistema de educación lingüística a la consideración del castellano como lengua vehicular se ampliará a toda la clase o unidad escolar de la cual forma parte aquel alumno». Algo que, según la misma interlocutoria, «afecta al alumno junto a sus compañeros».

Las reacciones no se han hecho esperar, empezando por el mismo departamento de educación, cuya titular, Irene Rigau, ha asegurado no tener intención alguna de «ejecutar la resolución». De hecho, ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Supremo, al considerar que «es imposible que se cambie la lengua de todo el grupo» si lo pide un solo alumno. Como razones, Rigau ha apuntado que «no es viable porque no tiene en cuenta los derechos de los otros padres» y porque la lengua de un grupo «no es casual, sino que forma parte del proyecto lingüístico del centro».

Las reacciones también han llegado por parte de numerosas plataformas y movimientos a favor de la inmersión lingüística y el catalán, como SomEscola, que en un manifiesto mostró su «profunda indignación» ante la resolución judicial y acusa al TSJC de querer «desestabilizar y crear sensación de conflicto discriminatorio en las escuelas». Por todo ello, la plataforma llama a todos los agentes a desobedecer la decisión.

Todos los partidos, excepto PP y Ciutadans, han cerrado filas también en torno a la inmersión lingüística. Desde ERC, su secretaria general, Marta Rovira, ha pedido a Rigau que «haga pedagogía para demostrar que lo que realmente cohesiona en este país es el modelo de inmersión lingüística», mientras que desde el PSC, la diputada Rocio Martínez-Sampere ha anunciado el «pleno apoyo» de su partido al Govern en esta causa. El diputado de la CUP Quim Arrufat ha asegurado observar «con mucha preocupación que otra vez se imponga una decisión que va contra el consenso de la comunidad educativa» y ha pedido al Govern que desobedezca la resolución. Por su parte, la portavoz parlamentaria de ICV-EUiA, Dolors Camats, ha achacado de la interlocutoria a la «intención de algunos grupos de dividir el país».