Aralar insta a defender los derechos de la ciudadanía sin «sumisión a Madrid»
Aralar ha realizado un llamamiento a defender «los derechos de la ciudadanía vasca y de Euskal Herria», y ha pedido asimismo dejar «de lado la sumisión a Madrid y al Partido Popular». Además, ha acusado al PNV de ser «esclavo de las actitudes de Madrid».
En un comunicado, la formación abertzale ha valorado los acontecimientos que se han vivido los últimos días en Donostia y ha considerado «imprescindible» poner en práctica el diálogo para poder «ir dando pasos hacia la soberanía».
A juicio de la secretaria de organización, Rebeka Ubera, resulta imprescindible «liberarnos del modelo antidemocrático que nos impone Madrid», y de esa manera construir una sociedad vasca fundamentada en los derechos civiles y los principios democráticos.
«La situación que se está viviendo los últimos meses es tan surrealista como peligrosa. En vez de dar pasos encaminados a la consecución de la paz y de la convivencia, está aumentando el uso de la violencia, se vulneran constantemente los derechos de las personas, son juzgadas y encarceladas personas que mediante vías pacíficas defienden ideas y proyectos, encarcelan a jóvenes por razones ideológicas...», ha advertido, para añadir que los «cuerpos de seguridad son los que están vulnerando la seguridad y los derechos de la ciudadanía».
Asimismo, Ubera ha denunciado la actitud del PNV, porque mientras todo esto está ocurriendo, «sigue trabajando de la mano y haciendo reuniones a escondidas con aquellos que no desean ni la paz ni la normalización política».
La secretaria de organización de Aralar considera que el PNV es «esclavo de las actitudes de Madrid» y le ha acusado de intentar esconder esta grave situación, «intentando situar el debate en unos parámetros de unos tiempos que ya están superados».
«Desde Aralar exigimos al PNV y a Urkullu medidas y actitudes concretas. Y también que pongan en práctica la desobediencia ante los mandatos que vulneran los derechos civiles y políticos», ha añadido.
Por último, han defendido que en una sociedad democrática el principal objetivo de los poderes judiciales, legislativos y de los cuerpos de seguridad debe ser proteger los derechos de todas las personas, «y no el mantenimiento sí o sí del sistema institucional que sólo responde a la ambición de poder de algunos y que echa por tierra y vulnera los derechos de las personas que viven en el Reino de España antidemocrático».