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El Parlament trasladará al Congreso una proposición de ley para convocar el referéndum

Tal y como prometieron ayer, CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP han acordado ya el mecanismo para pedir al Congreso de los Diputados la celebración de un referéndum legal. Se hará, como ya se sabía, a través del artículo 150.2 de la Constitución y la fórmula escogida es una proposición de ley orgánica que el Parlament votará próximamente antes de trasladarla a la Mesa del Congreso.

Artur Mas, acompañado por varios representantes políticos durante el anuncio de la fecha de la consulta. (Josep LAGO/AFP)

Tal como anunciaron ayer, CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP ya se han puesto manos a la obra para llevar la petición de convocar un referéndum legal al Congreso español de los Diputados. Para ello han registrado en el Parlament una propuesta de proposición de ley orgánica que posteriormente trasladarán a Madrid, en base al artículo 150.2 de la Constitución, pidiendo el traspaso de la competencia para convocar un referéndum a la Generalitat.

En el texto hecho público hoy, que se votará en el Parlament próximamente antes de presentarlo ante la Mesa del Congreso, se puede leer que «se delega a la Generalitat de Catalunya la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo para que los catalanes y catalanas se pronuncien sobre el futuro político colectivo de Catalunya».

La proposición de ley, que añade que «la convocatoria del referéndum la hará el Govern de la Generalitat» y que se debe celebrar «antes que finalice el año 2014», reclama la tramitación en lectura única, lo cual aceleraría el proceso, impidiendo el bloqueo por parte de la Mesa del Congreso.

La propuesta responde al acuerdo alcanzado por las cuatro fuerzas en el último debate de política general del Parlament, aunque todos en Catalunya son conscientes de que el recorrido de la proposición de ley en el Congreso será corto, bien porque traten de dilatar la votación, o bien porque la rechacen directamente. Entonces se abrirá la vía de la legalidad catalana, a través de la ley de consultas que tramita el Parlament, la cual el Gobierno español ya ha amenazado con recurrir inmediatamente al Tribunal Constitucional.