Centros CIEs

Según la ley, los Centros de Internamiento de Extranjeros son centros en los que los internos solo ven mermada su libertad ambulatoria. En la práctica, sin embargo, funcionan como auténticos centros penitenciarios en los que las personas son encerradas por el simple hecho de haber cometido la falta administrativa de no tener su situación regularizada.

En los últimos dos meses, el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ubicado en la Zona Franca de Barcelona se ha situado en el centro de la polémica, debido a la muerte de un ciudadano armenio que en diciembre se suicidó sin motivos aparentes en la celda de aislamiento, a las denuncias de los internos sobre las constantes agresiones y malos tratos que sufren y a la denegación de la entrada al CIE a personal médico independiente y a diputados del Parlament, del Congreso y del Parlamento Europeo por parte de la Delegación del Gobierno en Barcelona –si bien finalmente Interior organizó una visita controlada esta semana–.

Pero más allá de las últimas denuncias y de promesas como la elaboración de un reglamento que llega cuatro años tarde, organizaciones en defensa de los derechos humanos y de los derechos de las personas migradas denuncian desde hace tiempo que el principal problema de los siete CIEs situados en el Estado español –Madrid, València, Barcelona, Murcia, Algeciras, Las Palmas y Tenerife– es estructural.

No hace falta más que comparar la distancia que existe entre la ley que regula estos centros y la realidad del día a día. Cabe recordar, en primer lugar, que las personas internadas en un CIE no lo están por haber cometido delito alguno, sino simplemente por no tener la documentación en regla, algo que no pasa de ser una falta administrativa. El argumento estatal para justificar el internamiento –por un periodo máximo de 60 días– es que así las personas migradas pueden estar localizables mientras se resuelve el expediente de expulsión en trámite. Por ello, dado que los internos no están en el CIE por delito ni condena ninguna, la ley prevé que «los lugares de internamiento para extranjeros no tendrán carácter penitenciario, y estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios. Los extranjeros internados estarán privados únicamente del derecho ambulatorio».

La realidad de los CIEs, sin embargo, dista mucho del mandato legal, ya que funcionan como un centro penitenciario a efectos prácticos. La campaña ‘Tanquem els CIEs’ de Barcelona denuncia desde hace tiempo que el centro de la Zona Franca «tiene una estructura completamente carcelaria», algo que según su juicio, «contribuye gravemente a la estigmatización y criminalización de las personas migradas».

Vallas electromagnéticas, celdas con barrotes

Entre los aspectos dignos de una prisión destacan las vallas electromagnéticas de los espacios comunes, las celdas con barrotes que permanecen cerradas por la noche –obligando a los internos a hacer sus necesidades en cubos–, la existencia de una celda de aislamiento, la inexistencia de intérpretes –que dificulta la comunicación de los policías y los letrados de oficio con los internos– y las muy limitadas comunicaciones familiares, restringidas a unos 10 minutos de conversación a través de telefonillos y con un cristal en medio.

El castigo es doble en el caso de las mujeres, debido a la arbitraria organización de estos centros. Oficialmente, todos tienen un módulo destinado para mujeres, pero una vez más, la letra queda lejos de la realidad: el módulo de mujeres del CIE de Barcelona está destinado a las personas enviadas desde los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, por lo que una mujer detenida en Catalunya es trasladada a los CIEs de Madrid o de Valencia, lo que rompe el vínculo con la familia y dificulta la defensa legal.

Y ante los argumentos que califican de indispensables y eficaces estos centros, un dato que muestra que algo no funciona: durante el año 2012 –último en el que se tienen cifras oficiales– el Defensor del Pueblo informó de que 11.325 personas fueron internadas en alguno de los siete CIEs del Estado español. De ellas solo un 52% fue finalmente expulsada. Es decir, prácticamente la mitad de las personas encerradas en un CIE por una supuesta falta administrativa no había cometido en realidad, falta ninguna.