«La resolución del conflicto pasa por acabar con el tratamiento excepcional»

Muchos tópicos promovidos por los estrategas de la comunicación en la lucha contra ETA cayeron ayer a la tarde en un coqueto salón del Hotel Carlton, en Bilbo, después de escuchar las opiniones de los ponentes en la mesa redonda organizada por el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, así como de alguno de los asistentes.

Todos coincidieron en la excepcionalidad de la legislación penal y de la política carcelaria que los sucesivos gobiernos españoles han ido implementando contra el llamado «fenómeno terrorista». Andamiaje que ahora choca con la realidad del nuevo tiempo abierto en Euskal Herria y que a unos más y a otros menos les cuesta reconocer que hay que suprimir.

El papel más díficil le tocó jugar al fiscal superior Juan Ramon Calparsoro, que empezó negando la excepcionalidad para llegar a decir -tras asumir lo que antes decía que no existía- que deben trasladarse a los juzgados más cercanos e irse «derogando progresivamente las medidas de alargamiento de penas y otras medidas excepcionales que ha ido adoptando el Estado para luchar contra el terrorismo, porque ya no serán necesarias». Estimó que la CAV debería recuperar en ese escenario un juzgado de Vigilancia Penitenciaria «e incluso de enjuiciamiento de delitos pendientes que no han sido juzgados por la Audiencia Nacional».

En su opinión, una vez desaparezca ETA, «convendría ir reformando la legislación penal y penitenciaria para ir adecuando la normativa a una sociedad sin terrorismo», aunque apostilló que no es necesaria una reforma legislativa radical para la aplicación «más flexible» de las normas en ese escenario. «Sería un poco suprimir esas excepciones a lo que es el régimen normal, tanto en materia de tipos penales como en materia de garantías procesales», aclaró.

El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto Xabier Etxebarria advirtió de que la actual legislación penitenciaria que defiende el Gobierno del PP «imposibilita o dificulta gravemente los procesos de reinserción social». El también abogado confesó que esa reforma resulta «tan necesaria como improbable» con la actual composición del Ejecutivo español, aunque apostilló que en una hipotética crisis que se aventura podría cambiarse al titular de Interior y con ello producirse un viraje en la política que se sigue.

Chantaje a los presos

Sin duda, Iñaki Goioaga fue el ponente que más contribuyó a deshacer tópicos, como que los prisioneros vascos se niegan a acogerse a beneficios penitenciarios. Al contrario, acusó al Estado de utilizar esos derechos que les corresponden «para chantajearlos», citando cómo a partir de 2003 se acabó con las redenciones por trabajo y estudios que se aplicaban antes.

«Hay una instrumentalización política de los beneficios penitenciarios», añadió. Más adelante, precisó que, a su juicio, la llamada «vía Nanclares» parte de un impulso político y no jurídico para tratar de «dividir» al EPPK y depende de los «vaivenes políticos».

El letrado -con 28 años de experiencia en la defensa de los presos vascos en la Audiencia Nacional- resaltó que «es prioritario levantar la excepcionalidad de las medidas aplicadas». Insistió en que el tratamiento excepcional del derecho penal, procesal y ejecución de penas imposibilita la resolución real del conflicto.

Para Goioaga, «la resolución real del conflicto pasa por acabar con ese tratamiento excepcional» hacia los prisioneros, que él consideró «políticos» aunque sus compañeros de mesa lo negasen pero luego en sus palabras se deslizase la raíz política del conflicto.

El también senador de Amaiur manifestó que todo lo relacionado con la ejecución de las penas ha sufrido desde 2003 un cambio radical, al pasar de defender la «reinserción social» al castigo «para satisfacer a las propias víctimas». Iñaki Goioaga, que abogó por una justicia transicional, no ocultó que con los parámetros actuales será difícil resolver «las consecuencias del conflicto, que han sido dolorosas para todos».

Para él, la decisión de EPPK de reconocer el daño causado, declarar que no van a reincidir y aceptar medidas individuales es un paso «importante» hacia esa resolución real del conflicto.