Un experto en finanzas evidencia la mala praxis al asesorar y vender el swap para la incineradora
Prosper Lamothe, catedrático de Economía Financiera la Universidad Autónoma de Madrid, asegura en el juicio que la oferta en líneas de crédito es muy amplia, y que hay productos más flexibles y no especulativos. «Es un caso de mal diseño ya en origen», ha indicado.
Las declaraciones más contundentes relativas a los riesgos de contratar un swap se han escuchado este jueves en la segunda jornada del juicio que se celebra en Donostia por la demanda de GHK contra Banco Santander, Caixabank y la consultoría financiera Price Waterhouse.
Prosper Lamothe, catedrático en Economía Financiera en la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de LFC EAFI, sociedad de asesoramiento financiero supervisada por la CNMV, ha ofrecido detalles sobre las características de esta cobertura y las consecuencias que acarrea. Este experto en finanzas ha comparecido como perito a petición del Consorcio, respondiendo durante dos horas a los interrogatorios de los letrados de las partes demandante y demandada.
Si el día anterior, tanto Carlos Ormazabal como Joxi Etxezarreta, expresidente y ex director general de GHK, respectivamente, declararon que fue la paralización de la incineradora la que convirtió el swap en producto especulativo, Lamothe ha defendido contundente que «la especulación subyace en la propia estructura del producto».
La «prisa» en la contratación también ha sido censurada por Lamothe, que ha incidido en la importancia de consultar el mercado y tomar las decisiones con más tranquilidad. Ha declarado que «hay que ser muy osado» para pensar que un proyecto no sufrirá ninguna modificación o aplazamiento, incluso la cancelación, «por el motivo que sea». Por eso ha criticado la mala praxis, entre otros aspectos, porque lo contratado no daba margen de maniobra.
A partir de las 9.30 de este viernes se celebrará la tercera y última sesión del juicio, que concluirá con las conclusiones de los letrados de GHK, Banco Santander, Caixabank y Price Waterhouse. Se prevé que la sentencia se dicte en el plazo de un mes.