No por esperada ha causado menos impacto la multa de 30 millones de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -la más elevada hasta ahora por este concepto- por la tardanza en recuperar las ayudas concedidas en los años noventa a 300 empresas vascas, y que fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea.

Pese a que ya se ha recuperado el 100% de su cuantía, los jueces de Luxemburgo consideran que las instituciones vascas no ejecutaron adecuadamente la sentencia que pronunció esta corte en 2006, ya que no recuperaron íntegramente las ayudas ilegales antes de la fecha límite fijada por Bruselas, el 7 de agosto de 2008.

Junto a ello, sostienen que este tipo de ayudas, que ascendieron a 508 millones -la mayor parte, 334 millones, correspondientes a Araba-, distorsionan de forma importante la competencia debido a lo elevado de su cuantía y al gran número de beneficiarios.

El importe de la sanción, que deberá hacerse efectivo en un plazo de veinte días hábiles desde la que Comisión Europea (CE) notifique la sanción al Gobierno español, ascendía al inicio del procedimiento a 64 millones de euros, cantidad solicitada por la CE, pero el pasado mes de enero la abogada general del Tribunal planteó reducirla a 50 millones. Ayer, finalmente, los jueces decidieron fijarla en 30 millones de euros.

Pese a reducirse a la mitad, la cantidad sigue siendo «enorme», a juicio del director de la Hacienda de Gipuzkoa, Xabier Olano. El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, reconoció que la multa supone «un palo fuerte», mientras el diputado alavés, Javier de Andrés, se consolaba señalando que es «menos mala» de lo que esperaba.

Quién paga la multa

La primera interrogante que se abre tras esta sentencia es conocer cómo se repartirá el pago de dicha cuantía, ya que el fallo no individualiza el grado de incumplimiento de cada institución. La Diputación de Gipuzkoa no quiso entrar en este debate, al considerar que «no es momento de desviar la atención», y destacó que es «toda la ciudadanía de esta comunidad autónoma» la que deberá hacerse cargo de los 30 millones, un hecho que la portavoz Larraitz Ugarte llegó a calificar de «tragedia».

El diputado general de Araba, Javier de Andrés, señaló que «lo sensato» sería que el Gobierno de Gasteiz asumiera el 70% de la misma y que el 30% restante fuera abonado por las diputaciones de acuerdo con los coeficientes fijados en la Ley de Aportaciones.

Bizkaia, por su parte, se mostraría favorable a que cada institución se haga cargo de la sanción en función de las cantidades que debían recuperar en cada territorio, lo que llevaría a que Araba asumiera dos tercios del pago, aunque José Luis Bilbao dijo ayer que no se decanta a priori por ninguna opción y que está abierta a pactar con el resto de instituciones, por lo que solicitará una reunión extraordinaria del Consejo Vasco de Finanzas «a la mayor brevedad posible» para negociar allí cuánto paga cada uno.

De la misma opinión se manifestó el consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, quien abogó por actuar con «prudencia y cautela» y por no generar «tensión» institucional.

Al margen del reparto del pago, la sentencia del Tribunal Europeo ha reabierto el debate sobre las responsabilidades que subyacen detrás de estas ayudas. La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, subrayó que «la negligencia es política y es clara. Los responsables políticos están aquí, no en Luxemburgo».

A este respecto, señaló que, quienes eran responsables en las instituciones entre 2006 y 2011, en referencia al PNV, «mostraron una actitud tramposa e irresponsable al pensar que retrasar la recuperación y tener una actitud negligente no acarrearía consecuencias. A su juicio, esta forma de actuar es «muy grave» y habría que depurar responsabilidades «para que no ocurra algo así nunca más».

El director de Hacienda Xabier Olano, que fue el único representante de las instituciones forales que se desplazó a Luxemburgo, denunció también «la presión ejercida por Confebask para no recuperar las ayudas y que PNV y PP favorecieron esa postura. Por ellos -dijo- Araba, Bizkaia y Gipuzkoa pagarán ahora una multa de 30 millones y el dinero de la sanción tendrá que salir del bolsillo de los ciudadanos, a pesar de que la responsabilidad sea ajena».

El PNV, en las tres diputaciones

El diputado general de Araba, Javier de Andrés, también incidió en esta cuestión al recordar que la sentencia «dice claramente que el incumplimiento sancionable se produjo el 27 de agosto de 2008», ya que en esa fecha no estuvieron recuperadas todas las ayudas, y remarcó que una única fuerza gobernaba entonces en las tres diputaciones, en alusión al PNV.

Preguntado sobre si cree que se pueden extraer responsabilidades políticas, dijo no querer responsabilizar a nadie, aunque «las fechas son las que son».

Entretanto, José Luis Bilbao, que coincidió con Lakua y con Confebask en que la multa es «excesiva e injusta porque se han recuperado todas las ayudas», lamentó que la sentencia no haya tenido en cuenta el momento el que se aplicaron las incentivos, en los años 96 y 97, hace casi veinte años, en una coyuntura económica complicada.

«Las medidas fiscales no las inventamos nosotros, ha habido una diferente vara de medir de la Comisión Europea. Las ha habido en otros territorios y la CE miró para otro lado», se quejó. En este punto, «agradeció» de forma irónica al «vasco y bilbaíno» comisario Joaquín Almunia «que nos haya ayudado».

En cualquier caso, adelantó que van a proponer a la Comisión Europea que los 30 millones de multa reviertan a la CAV a través de fondos comunitarios de regeneración económica y empleo.